Balances necesarios y proyecciones urgentes: Nuestra América de cara al 2024
El cierre de este 2023 llega con baldazos de agua fría que nos convocan a reflexionar como región sobre las causas de la profunda crisis que atravesamos, y a diseñar, a como dé lugar, salidas viables que resuelvan en lo cotidiano el presente y futuro de nuestros pueblos. Este año, donde paradójicamente conmemoramos 200 años de la proclamación de la Doctrina Monroe, se configuró como un parteaguas en el desarrollo de la correlación de fuerzas a nivel regional y global entre los proyectos de unidad desde una perspectiva soberana vs. los proyectos alineados con la ultraderecha y el conservadurismo a nivel global.
Hace apenas un año una serie de triunfos electorales nos marcaban un horizonte de esperanza para los pueblos de nuestra región, proceso que hoy contrasta con una tendencia adversa. Así, el mapa de Nuestra América que aquellas fuerzas populares habían pintado mayoritariamente de un color progresista, hoy empieza a tener tonos variopintos en algunos países clave para la consolidación del proyecto regional de soberanía y emancipación.
Desde el OBSAL, como parte del Instituto Tricontinental a nivel global, nos preguntamos de forma permanente en este 2023 cómo comprender las características de este momento de simultaneidad entre la “nueva ola progresista” y la restauración neoliberal conservadora. Así como reflexiona el último Dossier del Instituto, tal vez estas categorías no son suficientes para analizar nuestra realidad regional en la que cada vez se presentan, con matices y mixturas, propuestas políticas que parecen estar fuera de las formulaciones más recientes de proyectos de izquierda o derecha en el continente, y nos obligan a comprender los nuevos fenómenos desde otras dimensiones.
Como prueba del dinamismo de esa correlación de fuerzas, pareciera que la realidad de nuestra región se desarrollara en dos líneas paralelas que cada vez parecen más antagónicas, y difíciles de cruzar entre sí: con escenarios regionales y globales –como el desarrollo de reuniones de mecanismos de integración como el MERCOSUR, la CELAC, la UNASUR, los BRICS+ e inclusive de negociación sobre el cambio climático como la COP28– que conviven con otros escenarios como el genocidio profundizado por el Estado de Israel sobre el pueblo palestino, la progresión de la crisis climática y ambiental, la acentuación de la desigualdad, la inestabilidad económica signada por la inflación, los procesos de restricción de la vida democrática y la expansión de neofascismos y racismos.
En este Informe de Coyuntura #22 trabajamos sobre estas dos líneas paralelas que nos llevaron inclusive a no poder caracterizar de forma unívoca el último período del año como solemos hacer en los títulos de nuestros informes. Así, por un lado, examinamos el desarrollo del triunfo del proyecto fascista y neoliberal de Javier Milei en Argentina, uno de los países que fueron protagonistas en esta denominada “nueva ola” de los últimos cuatro años, cuyas primeras medidas de gobierno han devaluado la moneda nacional y han empujado en un nivel acelerado el desarrollo de la ya alta inflación en el país solo en su primera semana de gestión, además de intentar arrogarse la suma del poder público para tratar de modificar cientos de leyes de manera ilegal en la siguiente semana. Este triunfo se suma a las victorias de candidatos de corte similar en Ecuador y en Paraguay; y al permanente intento de golpe de Estado en Guatemala a través de sectores derechistas que pretenden desconocer los resultados electorales que no los favorecen.
En este mismo sentido, en Perú la continuidad del gobierno golpista de Dina Boluarte –que cumple un año de masacres e ilegitimidad– se suma a la orden de libertad del dictador Alberto Fujimori; a la decisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de aprobar el envío de tropas de Kenia hacia Haití –pueblo que continúa reclamando el respeto por su autodeterminación ante los oídos sordos de la ONU, que decidió impulsar de nuevo las invasiones al mejor estilo MINUSTAH y MINUJUSTH–; a la dramática situación invisibilizada de las y los millones de migrantes en el Darién o en la frontera norte de México; a la cada vez más abierta intervención de los dispositivos militares de EE. UU. en todo tipo de temas internos de otros países; y –con otras características– a la división cada vez más profunda al interior del MAS en Bolivia, situación que parece vaticinar un escenario de ruptura irreconciliable en uno de los principales procesos de cambio de nuestro continente, entre otros elementos que nos señalan las dificultades para el campo popular.
La otra línea, mientras tanto, nos presenta avances en los derechos de los pueblos y en el camino hacia un proyecto de soberanía regional: con Colombia, Bolivia y Chile alzando la voz en el concierto global en defensa del pueblo palestino y señalando el accionar terrorista del Estado de Israel; con el pueblo guatemalteco y especialmente las comunidades originarias en defensa del respeto a la voluntad popular que dio la victoria a Bernardo Arévalo en las elecciones presidenciales; con la victoria del pueblo panameño contra la privatización minera; con la derrota de la constituyente presentada por la mayor parte de las fracciones de derecha en Chile el pasado 17 de diciembre e inclusive, con el camino de diálogo abierto gracias a la CARICOM y la CELAC entre Guyana y Venezuela por la controversia territorial del territorio Esequibo.
El cierre del 2023 nos proyecta un 2024 de mayores tensiones aún, con escenarios electorales fundamentales, como las elecciones presidenciales en México, El Salvador, República Dominicana, Panamá, Uruguay y Venezuela, que continuarán configurando la compleja y variopinta realidad continental. Como mencionamos, el análisis de coyuntura durante este año que termina nos lleva a preguntarnos, ¿cómo ha sido posible un cambio del panorama regional de forma tan radical en tan poco tiempo? ¿Qué elementos que hoy son críticos para las y los trabajadores de nuestra región están escapando al accionar y el discurso de los progresismos a nivel regional, y están siendo capturados por las propuestas más neoliberales y fascistas del espectro político? ¿Cómo entendemos que en las urnas, e inclusive en las calles, se acompañe desde los sectores populares a aquellos proyectos que van directamente contra sus propios intereses?
El inicio de 2024 nos ubica en la urgencia de ahondar en estas preguntas desde un análisis más completo, que tenga en cuenta además de las dimensiones clásicas, también aquellas que apuntan hacia la disputa del plano cultural, discursivo, emotivo, que configura cada vez más un amplio campo de batalla en el que esta correlación de fuerzas se modifica con intensidad, y que termina definiendo los destinos de nuestra Patria Grande hacia futuros cada vez más inciertos.
América Latina y el Caribe tuvo este 2023 un rol fundamental en el escenario global, y seguramente continuará teniéndolo el año que está por iniciar. Tenemos como región una multiplicidad de potencialidades en términos productivos, económicos y humanos, así como una larga historia de lucha y resistencia de nuestros pueblos ante los peores escenarios. El reto mayor –construir utopías posibles, que trasciendan lo meramente discursivo y se materialicen en mejoras concretas de las condiciones de vida de nuestros pueblos– se presenta como una urgencia de primer orden no sólo para quienes habitamos Nuestra América, sino también para el futuro de la humanidad en su conjunto.
Panorama general
La dinámica de la crisis civilizatoria en el contexto de la transición hegemónica global
A lo largo de este año que concluye hemos examinado en esta sección la evolución y dinámica de una crisis múltiple, convergente y sistémica emergida y desplegada en esta etapa neoliberal del capitalismo pero que cuestiona los propios fundamentos de la civilización del capital y su modernidad colonialidad. Así, analizamos la progresión de la crisis climática y ambiental, la acentuación de la desigualdad y pauperización social, la inestabilidad económica signada por la inflación y la caída del crecimiento, los procesos de restricción de la vida democrática y la expansión de neofascismos y racismos. Asimismo, reseñamos el desenvolvimiento de la guerra en Europa, la amenaza permanente de su escalada nuclear y su efectiva proyección mundial señalando la creciente afirmación del momento bélico en la gestión de la transición hegemónica global que está en curso. De este modo, las formas que adopta esa transición, signada por la recreación del conflicto Occidente-Oriente, sirvió para potenciar la propia crisis civilizatoria, desplegando una serie de eventos catastróficos que parecen agigantarse hacia adelante. Repasemos algunos de estos hechos acontecidos en el último cuatrimestre del 2023.
La gravedad de la crisis climática y los resultados ambiguos de la COP 28
El registro de incrementos récord de la temperatura terrestre a lo largo del año despertó nuevamente la alerta en la comunidad científica y las instituciones y movimientos sociales que siguen la crisis climática. En esta dirección, el 2023 concluye siendo el año más cálido desde que se tienen registros: en el periodo entre noviembre de 2022 y octubre de 2023, la elevación de la temperatura superó los 1,32ºC por encima del clima preindustrial. En algunos días de noviembre, dicho incremento superó los 2°C.
Asimismo, la retracción en la creación de hielo antártico motivó la advertencia de un cambio en las corrientes marinas y el riesgo de la retroalimentación incontrolable de estos fenómenos. En ese contexto, cinturones de fuego recorrieron el globo, consumiendo, por ejemplo, más de 18 mil hectáreas del bosque boreal en Canadá. Además, tormentas excepcionales se descargaron en el Norte y en el Sur. Entre ellas, la tragedia sufrida por poblaciones costeras en Libia sigue señalando las consecuencias desgarradoras de esta crisis climática.
La gravedad de la situación llevó al Secretario General de Naciones Unidas António Guterres a afirmar en diferentes y sucesivas declaraciones que ya entramos en la “era del hervor global” (27/7), que el “colapso ecológico ha comenzado” (6/9) y que se han abierto “las puertas del infierno” (20/11). Así, advirtió que “si nada cambia, nos dirigimos hacia un aumento de la temperatura de 2,8 grados, hacia un mundo peligroso e inestable”. También señaló que “las naciones más pobres tienen todo el derecho a estar enojadas. Enojadas porque son las que más sufren una crisis climática que no hicieron nada para crear. Enojadas porque la financiación prometida no se ha materializado. Y enojadas porque sus costos de endeudamiento están por las nubes. Necesitamos una transformación para reconstruir la confianza”. En el mismo sentido, también a principios de octubre, el Papa Francisco dio a conocer su segunda encíclica sobre la problemática ambiental, en este caso dedicada especialmente a la crisis climática. Así, en la encíclica Laudaute Deum afirmó que “por más que se pretenda negar, esconder, disimular o relativizar, los signos del cambio climático están ahí, cada vez más patentes”.
Sin embargo, más allá de estas advertencias y exigencias, la crisis climática y las causas que la provocan no han dejado de intensificarse en los últimos meses del año. Así, las emisiones de gases de efecto invernadero no han dejado de crecer en los últimos años. Sobre ello la Organización Metereológica Mundial de las Naciones Unidas informó que el promedio mundial de dióxido de carbono en la atmósfera en 2022 superó en un 50% el nivel preindustrial por primera vez; y un informe difundido por la ong Carbon Global Project señaló que el dióxido de carbono (CO₂) expulsado por el sector fósil aumentará un 1,1% este 2023 respecto al pasado año, un nuevo récord histórico.
Por otra parte, el último informe sobre la brecha de emisiones del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) señaló que “si las políticas vigentes se mantienen, el calentamiento global se limitará a 3°C. [Por otra parte, de] hacer efectivos todos los compromisos condicionales e incondicionales de aquí a 2030”, la elevación de la temperatura llegaría a 2,5°C y si se cumplieran todos los compromisos de emisiones cero podría reducirse a 2°C, superando en todos estos casos los 1,5°C ambicionados en el Acuerdo de París.
En ese contexto, entre el 30 de noviembre y el 12 de diciembre tuvo lugar la Conferencia de las Partes N.° 28 (COP, la instancia de Naciones Unidas de negociación sobre el cambio climático). Las expectativas despertadas antes de su realización resultaban preocupantes, ante el incumplimiento de los compromisos de financiamiento del Norte al Sur y siendo que la sede elegida fue la ciudad de Dubai, capital de Emiratos Árabes Unidos, el décimo productor petrolero mundial, y que la presidencia de la COP estuvo ejercida por el Sultán Al Jaber, director ejecutivo de la compañía nacional de petróleo de dicho país. Asimismo, la difusión de una declaración de este Sultán respecto de que la ciencia no afirmaba que había que abandonar los combustibles fósiles para revertir el calentamiento global dio cuenta de las enormes presiones que ejercían las corporaciones y países petroleros para evitar un compromiso efectivo sobre ello en la COP.
Finalmente, dichas presiones no alcanzaron para evitar que, por primera vez en un acuerdo climático de Naciones Unidas, se plantee la necesidad de una transición energética orientada a abandonar los combustibles fósiles; aunque sí fueron suficientes para que se conviniera un lenguaje débil que no habla de su eliminación y no fija compromisos obligatorios. Esta ambigüedad fue reconocida incluso por el Secretario Ejecutivo de Naciones Unidas para el Cambio Climático Simon Stiell en su discurso de clausura, al afirmar que «aunque en Dubái no hemos pasado la página a la era de los combustibles fósiles, este resultado es el principio del fin».
Por otra parte, se aprobó el primer «balance mundial para la acción climática” que pide triplicar la capacidad de las energías renovables y duplicar las mejoras de la eficiencia energética para 2030; acelerar los esfuerzos hacia la eliminación progresiva del carbón, eliminar progresivamente los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles y otras medidas que impulsen una transición energética “justa, ordenada y equitativa, con los países desarrollados continuando a la cabeza”. Sin embargo, la flexibilidad y laxitud de estos compromisos no aseguran su cumplimiento efectivo; más allá del acuerdo, considerado histórico por las Naciones Unidas, sobre la puesta en marcha del fondo de pérdidas y daños y de mecanismos de financiación del Norte al Sur que, aparentemente ya ha sumado anuncios de más de 700 millones de dólares.
Desigualdad social y crisis climática ¿Quienes son los responsables?
Una de las dimensiones más gravosas de la actual crisis de la civilización del capital ha resultado la significativa acentuación de la desigualdad social a escala global y nacional durante los últimos años, desde la pandemia hasta la actualidad, que hemos ido analizando periódicamente en estos informes. En el anudamiento dinámico de las diferentes dimensiones de esta crisis múltiple, también el cambio climático se cruza con este procesos de desigualación social, señalando a los verdaderos beneficiarios y responsables del deterioro socioambiental y potenciando el entrelazamiento de las demandas de justicia social y ambiental. En esta dirección, el informe 2022 sobre la brecha de emisiones producido por el PNUMA señala que los países del G20 representan el 76% de las emisiones de gases de efecto invernadero del planeta, emisiones que aumentaron un 1,2% en 2022. Asimismo, refiere que el “10% de la población con la renta más alta produjo casi la mitad de las emisiones (el 48%). Dos tercios de estas personas residen en países desarrollados. Por el contrario, el 50% más pobre de los habitantes de la Tierra solo es responsable del 12% del total de las emisiones”. Y en relación con la acumulación histórica de las emisiones, el informe recuerda que casi el 80% de las mismas provino del G20, mayoritariamente de EE. UU., la Unión Europea y China; siendo que “los habitantes de EE. UU. equivalen al 4% de la población mundial, pero puede atribuírseles el 17% del calentamiento global entre 1850 y 2021… en cambio, la India concentra el 18% de la población mundial, pero hasta ahora solo le corresponde el 5% del calentamiento”.
En similar dirección, el reciente informe “Igualdad climática: un planeta para el 99 %”, realizado por Oxfam junto al Stockholm Environment Institute (SEI), revela la enorme brecha entre las huellas de carbono de los más ricos –cuyo estilo de vida e inversiones en industrias contaminantes como los combustibles fósiles impulsan el calentamiento global– y el grueso de la población mundial. Así, el 1% más rico (77 millones de personas) fue responsable del 16% del total de emisiones según sus hábitos de consumo en 2019, una cifra mayor que la totalidad de las emisiones generadas por desplazamientos en coche y el transporte por carretera y similar a las emisiones del 66% más pobre (5000 millones de personas). Sobre ello, el director ejecutivo interino de Oxfam Internacional, Amitabh Behar afirmó que “los más ricos están destruyendo el planeta, saqueándolo y contaminándolo, mientras el calor extremo, las inundaciones y las sequías asfixian a la humanidad”, para concluir que “llevamos años luchando para poner fin a la era de los combustibles fósiles, y salvar así el planeta y millones de vidas. Ahora es evidente que no lo lograremos a menos que también pongamos fin a la era de la riqueza extrema”.
De la guerra en Europa y los conflictos en África, al conflicto en Medio Oriente y el genocidio palestino
La guerra, y en general los procesos de militarización social, resulta otra de las dimensiones de esta crisis múltiple de la civilización del capital, acentuada por el modo que adopta la transición hegemónica global y el carácter bélico y violento que asume la defensa de los intereses estadounidenses frente al debilitamiento de sus posiciones en el terreno de la competencia económica y científico-tecnológica. Así, el escenario de guerras regionales (el despliegue de una guerra fragmentada) y la creciente rivalidad militar entre los viejos y nuevos centros del poder mundial signan el tiempo presente, con sus consecuencias gravosas sobre los pueblos del Sur y la amenaza permanente de una escalada que abra un conflicto amplio y directo entre los reales contendientes o que, incluso, derive en una conflagración nuclear. Sobre esta dimensión, a lo largo de este año que concluye hemos asistido al despliegue de la guerra en Ucrania, a una serie de golpes militares antiimperialistas y amenazas de invasión en Africa, y hasta el estallido de un nuevo episodio del conflicto en Medio Oriente, signado por el genocidio del pueblo palestino. Examinemos brevemente la actualidad de estos hechos.
En relación con la primera cuestión, en nuestro último informe ya reseñamos el creciente fracaso de la contraofensiva ucraniana en la guerra de la OTAN contra Rusia, más allá de la creciente ayuda e intervención estadounidense y europea. Una situación que no se ha modificado en los últimos meses, que supuso ciertos avances del ejército ruso en el intento, aún no obtenido, de lograr el control de nuevas localidades en el frente de guerra. Esta situación de relativo estancamiento del combate, reconocida incluso por diferentes medios y funcionarios europeos, acentuó el debate en el campo otanista ante el reclamo del gobierno ucraniano de mayor ayuda e involucramiento (incluida nuevamente su solicitud de incorporación oficial a la Unión Europea) y las dudas y disidencias entre una mayor intervención o la convalidación, explícita o implícita, de un nuevo status quo.
Por otra parte, en julio un golpe de Estado en Níger se sumó a una serie de golpes, enfrentamientos y cambios de gobierno en diferentes países africanos, particularmente de la región del Sahel (entre ellos, Malí, Chad, Guinea, Sudán, Burkina Faso, y Gabón). Con una orientación antiimperialista, muchos de estos nuevos gobiernos cuestionaron la presencia francesa y estadounidense, abriendo un escenario de crecientes tensiones y amenazas de intervención externa o nueva guerra africana. Finalmente, las peores previsiones no se cumplieron hasta ahora, abriendo un proceso de compleja negociación entre estos diferentes actores.
Tampoco la creciente tensión militar en torno a Taiwán y el sudeste asiático desembocó en un conflicto franco, pero en octubre estalló la confrontación en Medio Oriente. El ataque del 7 de octubre realizado por Hamás –con apoyo de la Yihad Islámica palestina– en distintos puntos del territorio israelí próximos a Gaza, con el posible propósito de dinamitar la normalización de las relaciones entre Israel y el mundo árabe (particularmente, Arabia Saudita) y responder a la política de asedio y avance promovida por el gobierno israelí, así como a su posible profundización en el caso de triunfar Trump en las próximas elecciones estadounidenses. El ataque de Hamas y sus consecuentes víctimas civiles y captura de rehenes fue el preludio a una agresiva respuesta del gobierno de Netanyahu, que estaba bajo un fuerte cuestionamiento de la sociedad israelí. Bombardeos sistemáticos sobre Gaza ―un territorio urbano que concentra una de las mayores densidades de población a nivel mundial―; bloqueo al ingreso de alimentos, medicinas y otros bienes y ayudas; restricción a la salida de los habitantes y promoción de la migración forzada de la población palestina del norte al sur, todo combinado con incursiones militares terrestres configuraron una política más orientada a retrotraer la situación en Gaza a la etapa previa a los acuerdos de Oslo –de los que se cumplen 30 años– que a recuperar a los rehenes y derrotar a la organización Hamas.
Los ataques y detenciones de activistas en Cisjordania, territorio bajo control de la autoridad palestina, señalan similares intenciones. Casi 20 mil palestinos han sido asesinados, de los cuales más de 8 mil son niñas y niños; cerca de 50 mil personas fueron heridas y alrededor de dos millones obligadas a abandonar sus hogares en migración forzosa. Todo ello da cuenta de una guerra contra el pueblo palestino, acompañada por su deshumanización simbólica para justificar, en el odio y el racismo, esta política de exterminio. Frente a ello, reiteradas condenas y solicitudes de un alto el fuego fueron desoídas, tanto de la Asamblea General de Naciones Unidas como de diferentes instituciones del sistema de Naciones Unidas y de su Secretario General Guterres que, entre otras manisfestaciones, señaló que “Gaza se está convirtiendo en un cementerio de niños” (7/11), que “estamos siendo testigos de una matanza de civiles que no tiene paralelo ni precedentes en ningún conflicto desde que soy Secretario General” (20/11), y en boca del portavoz del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia James Elder a principios de diciembre, «la interminable matanza de niños tras una noche de bombardeos totalmente implacables”. Contra el reclamo de la comunidad internacional, como ha sucedido trágicamente en otras oportunidades, y con el apoyo del gobierno estadounidense y de la Unión Europea, el gobierno israelí continuó con su política de bombardeos. Esta política, además de las víctimas palestinas, se ha llevado la vida de alrededor de 130 funcionarios de Naciones Unidas y de más de 60 periodistas.
Ante esta situación, a principios de diciembre (6/12), el secretario general de la ONU invocó por primera vez desde 1971 el Artículo 99 de la Carta de la Naciones Unidas pidiendo nuevamente un alto al fuego en Gaza pero el representante de EE.UU. en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas vetó una vez más dicha solicitud. Días después, el 12/12, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución pidiendo nuevamente un «alto el fuego humanitario inmediato» en Gaza con 153 a favor, diez en contra y 23 abstenciones. Y, al día siguiente, el propio presidente estadounidense Biden señaló que Israel “está empezando a perder ese apoyo por los bombardeos indiscriminados que se producen” y le sugirió a Netanyahu modificar su gobierno, “el más conservador de la historia de Israel”, lamentando que «no quiere una solución de dos Estados». Sin embargo, más allá de esta creciente tensión entre el gobierno estadounidense e israelí alrededor de la lógica de intervención en Gaza, hasta ahora no se ha modificado centralmente la política israelí.
Transmitido globalmente por las grandes cadenas mediáticas y replicado sin fin en las redes sociales, este genocidio del pueblo palestino interpela las raíces más hondas de la humanidad y muestra la barbarie profunda de la actual crisis civilizatoria del capital. Como ayer, parafraseando los dichos de Adorno frente a Auschwitz, resultará imposible ser plenamente humanos sin detener y hacer justicia en Medio Oriente.
Finalmente, otra amenaza pende de esta guerra asimétrica y desigual; con los reiterados bombardeos israelies en Siria y el Líbano y los ataques de los hutíes yemenitas sobre Israel y los buques estadounidenses en el mar Rojo, el conflicto corre el peligro permanente de involucrar a los países de la región, particularmente a Irán, por una parte; y a las fuerzas de la OTAN, por la otra. En esta dirección, el 18 de diciembre, el gobierno estadounidense anunció la creación de una coalición de diez países (que incluye a Francia, Reino Unido, Bahréin, Canadá, Italia, Países Bajos, Noruega, España y las islas Seychelles) para responder a los ataques y amenazas de las milicias hutíes contra los buques que se dirijan a puertos israelíes o que naveguen frente a las costas de Yemen.
La restricción democrática y el neofascismo neoliberal en el escenario regional
El 17 de noviembre el ballotage presidencial en Argentina dio ganador al candidato Javier Milei, un economista de la escuela austríaca de reciente intervención en la política partidaria, acompañado en la vicepresidencia por Victoria Villarruel defensora de los militares genocidas y negacionista de la dictadura. En esta dirección, los anuncios de una dura política de ajuste ortodoxa se combinan con la amenaza de una escalada represiva y autoritaria. Un mes después, el 17/12, tuvo lugar el (segundo) referéndum sobre la nueva propuesta de Constitución en Chile surgida de una serie de organismos con poderes constituyente dominados por la derecha ―y con gran presencia de los convencionales del partido de ultraderecha de José Antonio Kast―. La realización del plebiscito puso fin a la reforma constitucional progresista y popular devenida del estallido social de 2019 y de un largo, histórico y radical ciclo de conflicto en el país trasandino. El triunfo del voto en contra, promovido por las fuerzas de izquierda, significó una derrota del proyecto constitucional gestado por la ultraderecha, pero implicó de facto la continuidad de la Constitución forjada por el pinochetismo.
Asimismo, entre noviembre y diciembre, la fiscalía general de Guatemala avanzó con la impugnación de los resultados de las elecciones que dieron la presidencia a Bernardo Arevalo, un candidato progresista que rompió décadas de dominio oligárquico, exigiendo que se le retire la inmunidad al nuevo presidente electo. Así progresa el golpe blando en Guatemala confrontado por movilizaciones masivas en las calles. Por otra parte, en Perú, bajo un gobierno ilegítimo surgido de un golpe parlamentario en diciembre del año pasado, el Tribunal Constitucional rehabilitó el indulto dictado en 2017 en beneficio del dictador Alberto Fujimori que recuperó rápidamente su libertad. Cuatro hechos que dan cuenta del carácter profundamente autoritario y conservador de la actual ola neoliberal en la región que incapaz de asegurar algún mínimo beneficio social y signada por un proceso de despojo y polarización social que se acentúa; busca sostenerse en el reverdecimiento de neofascismos y racismos promovidos para gestionar la desigualación social; y se asienta en la expansión de la violencia y la guerra como ordenador de las relaciones sociales.
Este enflaquecimiento de la vida democrática y su reconfiguración autoritaria ―tanto en el terreno del estado como en los procesos de promoción de una subjetivación social neofascista, racista, conservadora y violenta en el campo de la sociedad civil― se constituyen así en otra de las dimensiones de la crisis del capitalismo moderno colonial en curso. Ciertamente, ésta y las otras dimensiones de la crisis civilizatoria del capital plantean enormes desafío a las fuerzas y movimientos populares, progresistas y de izquierda en el sentido de articular la defensa de conquistas y demandas pasadas con un renovado proyecto de transformación capaz de postular los nuevos horizontes que la crisis de este mundo requiere.
Tendencias contradictorias en el Cono Sur
Como señalamos en el panorama general, una de las noticias del año para el continente, sin dudas, es la elección de Javier Milei como mandatario de Argentina. Su acceso a la presidencia consagra una meteórica carrera personal y de ascenso en el debate público de las ideas “liberal libertarias”, lo que se tradujo en un inédito acompañamiento popular a los proyectos políticos de ultraderecha en el proceso electoral desarrollado entre agosto y noviembre.
El crecimiento de Milei y su fuerza política llamada La Libertad Avanza (LLA) forma parte de un fenómeno global, que tiene sus particularidades locales. Si bien coexisten varios factores para explicar el resultado electoral, la principal razón es la amplitud y extensión de la crisis económica, que no pudo ser resuelta por el gobierno de Alberto Fernández en todo su mandato y que incluso se agravó especialmente en 2022 y 2023, con el peso del acuerdo con el FMI y su drenaje de dólares, crecientes tasas de inflación y un imparable crecimiento de la pobreza, que, de acuerdo a datos oficiales, en el primer semestre del año superó el 40% de la población.
Por eso no resultaron sorpresivas las dificultades electorales de la coalición gobernante, hasta mediados de año llamada Frente de Todos y luego Unión por la Patria (UxP), que agrupó a diferentes sectores del peronismo y de otros espacios políticos, incluyendo a los principales movimientos sociales y sindicales. Lo sorpresivo sí fue el desempeño al interior del campo de la derecha, con una caída electoral de la centroderecha más tradicional de Juntos x el Cambio, que esperaba volver al gobierno luego del fracaso de Macri pero en las elecciones generales obtuvo apenas el tercer puesto, detrás de LLA y UxP.
Es importante observar la secuencia del proceso electoral, porque se relaciona con la reconfiguración del escenario político en curso. Según la legislación argentina, el proceso de elecciones generales nacionales tiene tres instancias: 1. las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) en todos los frentes políticos; 2. las elecciones generales propiamente dichas, de legisladores y presidencial; y si en esta última elección ninguna candidatura alcanza el triunfo en la primera vuelta (es decir, no llega al 45% de los votos, o al 40% con más de diez puntos de ventaja sobre la segunda candidatura), hay 3. un balotaje entre las dos candidaturas más votadas.
En las primarias del 13 de agosto Massa sacó apenas el 21% y su rival interno, Juan Grabois, cerca del 6%, con lo que UxP alcanzó el 27%. Sumando las precandidaturas de la ex ministra de Seguridad de Macri, Patricia Bullrich (17%) y del alcalde de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta (11%), Juntos por el Cambio lo superó por poco y obtuvo el segundo lugar con un acumulado de 28%. La Libertad Avanza con la candidatura única de Milei alcanzó el 30% y tuvo un claro primer lugar, que lo posicionó de forma decisiva hacia las elecciones generales.
En las presidenciales del 22 de octubre, Massa creció hasta acercarse al 37%, Milei se mantuvo con el 30% y Bullrich no logró siquiera retener los votos de su coalición y se derrumbó por debajo del 24%. A los pocos días, una parte de Juntos por el Cambio liderada por Macri y Bullrich alcanzó un acuerdo con Milei y llamó a votar por el candidato derechista en el balotaje. Esto fue decisivo. Si bien fracturó a Juntos por el Cambio —porque no logró conducir ni contener en la decisión a amplios sectores y dirigentes de esa coalición opositora–, sí pareció sintonizar con los deseos de su base electoral. En todos los distritos se verificó para el balotaje una sumatoria casi total de los votos que en primera vuelta se dispersaron entre Milei y Bullrich. De manera que la estrategia por parte de las representaciones políticas principales de este espectro para impedir el triunfo de Massa e imponer un gobierno de derecha fue acertada. Además, Milei sumó también parte de los votos de Juan Schiaretti, un peronista de derecha que salió cuarto con 7%. Esto fue particularmente importante en su principal bastión, la provincia de Córdoba, donde los votos de Milei en segunda vuelta triplicaron a los de Massa.
A partir de su asunción, ocurrida el 10 de diciembre, el nuevo gobierno impulsó una serie de políticas regresivas, directamente apuntadas a garantizar el pago de la deuda con el FMI y a incrementar los beneficios de los grandes empresarios a costa de los ingresos de la gran mayoría de la población, en particular sus fracciones asalariadas, jubiladas, cuentapropistas, desocupadas o con empleos precarizados.
Entre los primeros anuncios del ministro de Economía Luis Caputo –uno de los responsables del endeudamiento externo desde su cargo de ministro de Finanzas de Macri, en 2018– se destaca un aumento en el valor del dólar oficial expresado en pesos del 118%. El dólar oficial es la unidad de medida utilizada para el comercio exterior de bienes y servicios, por lo que esta medida puede agravar el proceso inflacionario, en particular empujando más todavía los aumentos de precios en alimentos y energía. A esto se suma la reducción de subsidios a las tarifas, con un fuerte impacto en el valor del boleto de transporte y de las facturas de servicios públicos (privatizados en casi todos los casos), mientras se licúa el poder adquisitivo de las transferencias directas a los hogares de menores ingresos, a travé de aumentos nominales por debajo de la inflación cuando no el congelamiento de programas de salario complementario. Además, Caputo también informó que se reducirá al mínimo la obra pública y también anunció la reducción de la cantidad de ministerios y secretarías y el despido de empleados públicos nacionales. También se decidió una reducción al mínimo de las transferencias del Estado nacional hacia las provincias, medida que agravará las crisis presupuestarias locales.
Estas y otras medidas, de conjunto, suponen un profundo shock recesivo, de impacto seguro en las condiciones de vida de enormes sectores de la población. En los próximos meses veremos crecer los ya malos índices de pobreza e indigencia, y muy posiblemente, también empeoren otros indicadores que evolucionaron favorablemente en el mandato de Alberto Fernández, como el índice de desempleo, que incluso en medio de la crisis alcanzó mejoras. Entre otras cuestiones, agudizará problemas sociales como el del acceso a la vivienda.
La contracara en este proceso de estanflación puede ser visualizada en otras noticias de coyuntura, como por ejemplo la que brinda el tradicional diario La Nación sobre el boom inmobiliario en sectores de altos ingresos. El hecho particular que retrata –de récord de venta de lotes en un futuro barrio privado, ocurrido precisamente en momentos de sucesión presidencial y shock recesivo– es un pequeño ejemplo que puede graficar el modelo de sociedad dual implícito en las nuevas viejas políticas del ajuste neoliberal, ahora con barniz libertario.
Ante un previsible incremento de la movilización social, el 14 de diciembre la ministra de Seguridad Patricia Bullrich lanzó el “Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público”, en un contexto de sucesivas amenazas represivas.
Entre los muchos interrogantes que despierta la reflexión sobre el momento político se encuentra la viabilidad social e incluso estrictamente política del programa anunciado por el gobierno. Además de las negociaciones que ya debió hacer con sectores que estaban en Juntos por el Cambio, se destaca la debilidad institucional de su formación política, que existe hace apenas dos años y no posee gobernaciones ni intendencias propias, y tampoco experiencia en gestión estatal de ningún tipo. Aunque es un hecho que contará con el apoyo de gobernadores ligados a Mauricio Macri, su número se avizora escaso. Más determinante todavía puede ser su debilidad parlamentaria, porque tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, Unión por la Patria tendrá la primera minoría y el bloque oficialista es muy minoritario. Necesariamente todas las fuerzas deberán negociar para poder aprobar proyectos, o decidirse por un nivel de confrontación enorme con el sistema político establecido por la propia Constitución Nacional. Esta última parece ser la opción inicial del experimento ultraderechista, si nos guiamos por la firma de un Decreto presidencial “de Necesidad y Urgencia” que pretende modificar cientos de leyes, en su mayoría con un sentido regresivo para la mayoría de la población.
El decreto, presentado como un cambio histórico, intenta modificar puntos sensibles para favorecer a las corporaciones económicas en los temas centrales de la organización social y económica del país, como por ejemplo cambios en la legislación laboral, la conversión de las empresas públicas con el objetivo de privatizarlas, el poder de las instituciones financieras sobre los usuarios, la ley de alquileres, la ley de Tierras para incentivar la compra por parte de extranjeros, regímenes de promoción industrial y compre nacional, entre muchas otras. El anuncio en cadena nacional mereció un repudio espontáneo que sorprendió por su masividad a altas horas de la noche. Lo que comenzó como un cacerolazo en algunos barrios de la ciudad de Buenos Aires rápidamente se convirtió en una importante movilización y concentración en el Congreso Nacional que desafió, de hecho, las normativas represivas que acababa de impulsar el gobierno a través de la ministra de Seguridad.
Al cierre de este informe la situación continúa abierta: mientras comienzan a crecer las voces favorables a empujar protestas contundentes, incluso para la convocatoria a un paro general, voceros del gobierno anunciaron que cumplirán la exigencia constitucional —que prohíbe al poder ejecutivo asumir atribuciones del legislativo— y enviarán el DNU al Parlamento para su consideración. La suerte allí no parece fácil para un conjunto de medidas que concentran los beneficios en unos pocos empresarios y perjudican especialmente a los sectores de trabajadores/as, en particular a la “clase media”, todavía relativamente importante en los centros urbanos.
De todos modos, cualquier especulación es provisoria. El resultado electoral supone un sacudón político de grandes proporciones, que casi con seguridad tendrá su correlato en otros terrenos. Entre otras consecuencias del proceso, desde las elecciones generales del 22 de octubre el sistema de representación entró en una brusca reconfiguración. Si bien a grandes rasgos se puede esperar el mantenimiento de una estructura de tres tercios, como la que caracterizó el último período, la dinámica de salida implica algunos puntos importantes, que sintetizamos en términos generales: a. un reagrupamiento de la derecha más dura en el eje Milei–Macri, b. la eventual conformación de un espacio de centroderecha más moderado, asentado en los demás partidos de Juntos por el Cambio y c. las incógnitas respecto al peronismo, principal movimiento vertebrador de Unión por la Patria, con heterogéneas tendencias a su interior. De todos modos, todo se encuentra en plena ebullición y será impactado por la propia dinámica de acontecimientos de aquí en más.
Esta reconfiguración del escenario general de fuerzas políticas tiene su epicentro hacia fines de 2023 pero será clave en el despliegue de un nuevo ciclo político que impactará al menos 2024 y 2025. Si bien al cierre de este informe pueden verse algunas tendencias de reagrupamientos, como las que mencionamos, las disputas inter y entre coaliciones políticas, incluso entre partidos, estarán a la orden del día y pueden modificar mayorías y minorías en diferentes terrenos –parlamentarios, sectoriales, sociales– así como condicionar o estimular intervenciones políticas con sucesivas respuestas sociales. De manera que el panorama está lejos de ser previsible.
Se trata de un momento político que seguramente brindará una multitud de grandes y pequeños conflictos, algunos muy diversos y otros muy comunes. De las múltiples combinaciones de su resolución dependerá la suerte y el destino del experimento autopercibido liberal libertario, así como el alcance de sus costos y la irreversibilidad de sus políticas. Nada está escrito, aunque es evidente que el punto de partida es muy negativo para la mayoría de la población y para las representaciones políticas de izquierda y/o el campo nacional popular, que ingresará en un momento de análisis, autocrítica y reorientación con las tareas simultáneas de a. Comprender una etapa que tiene aristas de enorme complejidad y b. Actuar para revertir la situación (o al menos para limitar sus efectos).
En relación con la política exterior, el nombramiento de Diana Mondino como canciller confirma el impulso a una política de alineamiento subordinado a EE. UU. e Israel.
Con una narrativa que funciona como puente entre la vieja y la nueva Guerra Fría, Milei se destacó en la campaña al declarar en reiteradas oportunidades que no sostendrá relaciones con Brasil y con China, que son los principales socios comerciales del país. También había anticipado su negativa al ingreso al bloque BRICS+, que debería hacerse efectivo a partir de enero de 2024, como analizamos en nuestro Informe de Coyuntura #21, donde mencionamos la posibilidad de que esta incorporación, clave para la economía argentina, se viera bloqueada por el triunfo de Bullrich o Milei.
Si bien la abierta hostilidad hacia las naciones con una política exterior soberana y en general opuesta a EE. UU. fue relativizada luego del balotaje, e incluso Milei tuvo una reunión de alto nivel con una representación de China, las declaraciones iniciales de la canciller confirmaron que Argentina no se sumará al menos en este momento a los BRICS+, un hecho de una importancia histórica innegable.
Al cierre de esta edición, circuló la información de que China no está dispuesta a renovar el swap con el que se pensaba afrontar parte de los próximos vencimientos con el FMI, pese a que Milei moderó su discurso notablemente respecto a los días previos a las elecciones y que incluso gestionó una reunión no publicitada por el gobierno con el embajador chino en Buenos Aires y con enviados de Xi Jinping.
En Chile, la noticia más importante del período es el rechazo a la propuesta de nueva Constitución elaborada por el segundo proceso constituyente, esta vez hegemonizado por sectores de la derecha y la ultraderecha. Las encuestas previas anticipaban esta situación: el proyecto contaba con el apoyo mayoritario del empresariado pero también con un importante rechazo popular. A pesar de que en los últimos meses se acortó la distancia entre la opción del Rechazo y el Apruebo, la diferencia fue clara: 56% en contra del texto, 44% a favor, con una participación superior al 84% del padrón electoral.
De tal manera, los principales derrotados son sus impulsores más destacados, como la ultraderecha del Partido Republicano de José Antonio Kast y la derecha de la coalición Chile Vamos, que ya gobernó dos veces con Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022) y está formada por los partidos UDI, Renovación Nacional y Evopoli. La formación encabezada por Kast sale herida no solo por el resultado electoral sino también porque en medio de la campaña sufrió una ruptura con un sector encabezado pro el senador Rojo Edwards, que llamó a votar en contra de la propuesta de Constitución con críticas por derecha y anunció que creará un nuevo partido, de carácter “libertario”.
Por el lado del Rechazo se encontraba la coalición de gobierno y sectores afines, lo que incluye al Frente Amplio —formado por Revolución Democrática, Convergencia Social y Comunes—, el espacio denominado Socialismo Democrático —integrado por el Partido Socialista, el Partido por la Democracia (PPD), el Partido Radical y el Partido Liberal—, y Chile Digno, la alianza que articula al Partido Comunista con la Federación Regionalista Verde Social y el Partido Acción Humanista. Además, también convocaron a vota en contra otros partidos políticos de izquierda, críticos del gobierno, como el Partido Popular y el Partido Igualdad, así como una gran cantidad de organizaciones de diferentes sectores sociales.
La derrota del proyecto no se traduce, sin embargo, en una situación política venturosa para el gobierno, que cada vez gira más desde la centroizquierda hacia el centro. “Es una derrota de la derecha, pero no hay nada que festejar”, señaló el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, apenas conocidos los resultados. “Yo espero que después de esta derrota y esta paliza, la derecha se digne a dejar de obstruir la acción del gobierno y que efectivamente ponga los votos para discutir los cambios que Chile necesita”, expresó.
Un problema central de la sociedad chilena es la desigualdad estructural, que se manifiesta en la concentración de ingresos y en muchos otros conflictos originados en inequidades. Uno de ellos atravesó el país en el mes de octubre, con el inicio de un paro convocado por la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud ante el anuncio por parte del gobierno del despido de 6300 trabajadoras/es del sector que habían sido incorporados en el contexto de la pandemia de COVID-19. Finalmente, tras casi dos semanas de conflicto, el 15 de octubre el gremio anunció un acuerdo para retrotraer los despidos e incorporar los contratos al presupuesto 2024.
Otro de los temas importantes de cara al próximo año es el futuro debate por el sistema de pensiones, desde hace décadas a cargo de las AFP, compañías privadas que administran los fondos y se quedan con importantes beneficios. Apenas un día después del plebiscito constitucional, el presidente anunció: “He instruido a mi gabinete a que retomemos cuanto antes el trámite legislativo de la reforma de pensiones, para poder sacarla adelante”. Y luego la ministra de Trabajo Jeannette Jara Román desde su cuenta en una red digital ofreció algunas precisiones respecto al impulso a una nueva fórmula de distribución del 6% de cotización adicional conocida como “1, 2, 3”: un 1% para fortalecer el empleo formal de las mujeres mediante sala cuna y modificando las expectativas de vida; un 2% para el ahorro individual y un 3% para el seguro social.
De todos modos, cada iniciativa tendrá que ser debatida en un contexto que no es favorable para los cambios progresistas. El escenario para el gobierno presidente Gabriel Boric continúa con un bajo nivel de aprobación y algunas encuestas registran un extendido pesimismo respecto a la situación del país. A la lista de preocupaciones, casi siempre encabezada por los problemas económicos, en los últimos meses se le ha sumado la situación de inseguridad, con manifestaciones de xenofobia. Según un informe de la consultora CADEM, “el temor a la delincuencia llega a 84% y es el nivel más alto desde octubre de 2014. Además, 85% cree que la delincuencia ha aumentado en los últimos 3 meses, 93% considera que es más violenta, 55% lo atribuye al aumento de la inmigración y 54% está de acuerdo con decretar estado de excepción en la Región Metropolitana”.
La conmemoración de los 40 años del golpe de Estado contra Salvador Allende, por otro lado, mostró un escenario donde las fuerzas conservadoras de la sociedad todavía guardan una fortaleza que le permite marcar agenda y reivindicar, en ocasiones sin disimulo, la herencia pinochetista, al punto de animarse a culpar a Allende por su propio derrocamiento, como hizo el ex presidente Piñera en septiembre.
En medio de ese contexto contradictorio también hay que señalar la vigencia de la lucha por la memoria, que se mantiene por generaciones y que continúa logrando avances judiciales, como sucedió en noviembre con la confirmación por parte de la Corte Suprema en noviembre y en diciembre de 24 condenas a represores de la Dirección de Inteligencia (DINA), por diferentes hechos de secuestro, tortura y asesinato, que en varis casos ocurrieron en el exterior, como parte de la coordinación de fuerzas con otras dictaduras y gobiernos alineados con el plan Cóndor.
En octubre, la lucha por la justicia alcanzó un nuevo logro con la detención, ocurrida en Florida (EE. UU.), del ex militar Pedro Barrientos, acusado de torturar y asesinar a Víctor Jara. Barrientos, quien fue formado desde muy joven en la Escuela de las Américas, formaba parte de un grupo especial de oficiales encargados de la represión a los detenidos inmediatamente después del golpe de septiembre de 1973. El 1 de diciembre, Barrientos llegó a Chile en calidad de deportado y fue detenido e incomunicado. En las próximas semanas se realizará el juicio, que seguramente reavivará un debate sobre una herida abierta en la sociedad chilena, que no pocos sectores intentan ocultar, en su búsqueda por garantizar la impunidad. Sin embargo, esa visión negacionista se enfrentará con la obstinada lucha por la memoria, que abarca no solo los crímenes de la dictadura sino también la reivindicación del estallido popular contra el neoliberalismo, del que en octubre se cumplieron cuatro años, y también la lucha contra la impunidad por hechos graves protagonizados por Carabineros en estos tiempos más recientes.
En Paraguay, los primeros meses del gobierno confirman su orientación derechista, tanto en política interna como exterior. En cuanto a la primera, el perfil tecnócrata del presidente Santiago Peña se sintetiza con el perfil histórico conservador del Partido Colorado, en una política general que aspira a una continuidad con modernización, en particular de los servicios y procesos estatales. En relación con la política exterior, el nuevo gobierno se mostró con un perfil más activo que las administraciones anteriores.
Como señalamos en el informe #21, el presidente Santiago Peña enfrentó desde su asunción un conflicto inesperado con el gobierno argentino por el cobro de peajes en la llamada “Hidrovía Paraguay Paraná”. Ampliamos este tema en el apartado de Imperialismo e Integración del presente informe #22. Fuera de este conflicto —que todavía se encuentra pendiente en momentos en que inicia un nuevo gobierno en el país vecino–, Peña se mostró dispuesto a profundizar el vínculo con otros países, así como también a ratificar el alineamiento de Paraguay con las políticas de EE. UU. e Israel. En relación con este último país,
Respecto a EE. UU., en otros informes hemos analizado la abierta intervención en el plano político local ejecutada desde 2022, en un contexto de enfrentamiento con los dos sectores del Partido Colorado, en particular con el jefe político de Peña, el ex presidente Horacio Cartes. Por medio de conferencias de prensa de su embajador en Asunción y de intervenciones de otros funcionarios del Departamento de Estado, EE. UU. informó que oficialmente declaró como “significativamente corruptos” a Cartés y a otros altos dirigentes políticos y funcionarios administrativos y judiciales. Entre ellos a Hugo Velázquez, entonces vicepresidente y precandidato a la presidencia por el sector de quien era el presidente, Marito Abdo Benítez, rival interno de Cartes (y también de Peña).
Desde ese antecedente se puede ver que los primeros meses de gobierno de Peña muestran una mayor sintonía en la relación bilateral. También que la política de intervención de EE. UU., fundada en gran parte en una supuesta lucha por la democracia y contra la corrupción, continúa vigente. Ambas cosas fueron señaladas por el propio embajador Marc Ostfield el pasado 9 de diciembre, en un artículo titulado “La Impunidad: Puede y debe ser combatida”, a propósito del Día Internacional contra la Corrupción establecido por la ONU. Allí el embajador señala: “He visto señales alentadoras por parte del gobierno del Paraguay, en los esfuerzos contra la corrupción [en itálicas en el original], tales como la promulgación de diversas leyes que han posibilitado la creación de la Jurisdicción Especializada en Delitos Económicos y Crimen Organizado; la Ley que Previene y Sanciona el Conflicto de Intereses en la Función Pública; y la Ley que crea el Registro Administrativo de Personas y Estructuras Jurídicas. Observamos también el esfuerzo reciente del gobierno de Santiago Peña por crear una estrategia anticorrupción que incluya a todas las ramas del poder público, reconociendo la naturaleza transversal de esta tarea. Aunque vemos con optimismo que el gobierno paraguayo está tomando medidas para combatir la corrupción, éstas no serán suficientes si no se aborda también el problema de la impunidad”.
En esta misma línea, en noviembre había visitado el país el coordinador adjunto global en Anticorrupción, Brendan Boundy, en lo que fue publicitado en Paraguay como una muestra de “compromiso en la hoja de ruta en el combate anticorrupción”.
Junto con esa mayor afinidad con EE. UU, la nueva etapa muestra también algunos primeros resultados de esa distensión, entre ellos la apertura del mercado norteamericano a la carne paraguaya, que se oficializó el 14 de noviembre por medio de una resolución del Departamento de Agricultura de EE. UU., que se efectivizó un mes después.
Como señalamos en el apartado de Imperialismo e integración, la agenda militar y –crecientemente– de seguridad también es parte esencial de la “cooperación”, como lo grafica por ejemplo la primera visita al país de la generala Laura Richardson, jefa del Comando Sur, en la primera quincena de diciembre.
Los temas de seguridad y justicia son parte habitual del debate político en Paraguay, al ritmo de repetidos escándalos como el caso del narcotraficante Sebastián Marset, que involucra también a Bolivia y especialmente a Uruguay; los importantes decomisos de cocaína en el exterior que desnudan las falencias en el país y otros episodios ligados a grupos delictivos. La importancia del país como parte de los circuitos de exportación de drogas ilícitas desde América del Sur a Europa está fuera de duda. Entre muchas otras evidencias, lo confirma la incautación, a fines de octubre, de más de tres toneladas de cocaína en un puerto privado en Villeta, sobre el río Paraguay.
Desde hace tiempo algunos reportes internacionales apuntan al aval político y judicial a actividades de narcotráfico y el contrabando. En particular, la figura de Horacio Cartes es paradigmática, lo que se ha visto reforzado por la ofensiva de EE. UU. que ya mencionamos y en la última parte del año, luego de una fuerte denuncia que lo involucra en el asesinato del fiscal Marcelo Pecci. Sucede que el ex militar Francisco Correa Galeano implicó a Cartes y al narcotraficante Miguel Ángel Insfrán como participes intelectuales del asesinato del fiscal paraguayo, ocurrido en mayo de 2022 mientras disfrutaba de su luna de miel en la isla Baru, la paradisíaca playa de Cartagena de Indias, Colombia.
En el plano político interno, en líneas generales el oficialismo tiene controlada la situación en el Congreso, lo cual —al menos hasta ahora— le ha permitido sortear sin mucho costo político algunas jugadas polémicas, como el juramento de Alicia Pucheta como representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, denunciado por la oposición como violatorio de la Constitución.
A nivel legislativo, en el final del año político el gobierno se orientó a presionar por la sanción de tres proyectos prioritarios: la creación de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, la construcción del denominado “tren de cercanía” y la reforma a la Policía Nacional. El más importante es el primero, “pedido” por el FMI y que el gobierno se planteó aprobar antes de 2024. Con ese objetivo trabajó en la última parte del año para lograr el acuerdo de los gremios empresarios y parte de las centrales sindicales pero cosechó un importante rechazo en la calle de algunos sindicatos, quienes consideran que se trata de un paso hacia el “robo de las jubilaciones” por parte del Estado paraguayo.
Pese a las movilizaciones que atravesaron a diferentes sectores políticos y sociales, el gobierno finalmente logró la aprobación entre el 12 y el 13 de diciembre, primero en el Senado y luego en la Cámara de Diputados, en una sesión exprés que duró apenas once minutos. Las marchas y contramarchas legislativas se desarrollaron en un marco de fuertes protestas, que incluyeron cortes de rutas por parte de trabajadores/as y jubilados en varias regiones. También se registraron en algunas zonas cortes de luz realizados por el Sindicato de Trabajadores de la Administración Nacional de Electricidad (SITRANDE), uno de los principales opositores al proyecto y cuyo secretario general fue una de las 31 personas detenidas en la represión del 12 de diciembre, día de la media sanción en el Senado. Al día siguiente, tras completar la aprobación de la ley en Diputados también se produjeron enfrentamientos y hechos de represión en el centro de Asunción, la capital del país. Al cierre de esta edición, las asociaciones sindicales prometían continuar la lucha, incluso con la promesa de no comenzar las clases en el ciclo 2024 en caso de avanzar con medidas contra los derechos previsionales.
En Uruguay, que en general ofrece un escenario político mucho más tranquilo que los países vecinos, el último cuatrimestre de 2023 muestra sin embargo una agudización de las tensiones políticas, sobre todo a partir de una serie de escándalos que afectan al gobierno de la coalición derechista, encabezado por Luis Lacalle Pou.
Tres de los principales —los casos Astesiano, Marset, Penades— se encuentran en agenda desde hace meses, algunos incluso desde hace más de un año, pero es en el último cuatrimestre cuando parecen haber adquirido un costo político mayor para el Poder Ejecutivo.
El más cinematográfico de los casos involucra al narcotraficante Sebastián Marset, de nacionalidad uruguaya pero con actividades en varios países de América del Sur. Como señalamos en el informe de coyuntura #19, en los últimos meses de 2021 Marset fue beneficiado por la emisión de un pasaporte uruguayo, a pesar de sus antecedentes, mientras se encontraba detenido en Emiratos Árabes Unidos por utilizar un pasaporte falso (de nacionalidad paraguaya). Por este favor, obtenido por contactos no del todo aclarados, en enero de 2022 Marset fue liberado en Dubai y a partir de ese momento se desconoce su paradero. Esto tomó estado público unos meses después, momento en el que comenzó a desenvolverse una extensa trama de interpelaciones, comunicaciones secretas para acordar declaraciones no incriminatorias y una sucesión de hechos que muestran una gran cantidad de irregularidades y búsqueda de impunidad por parte de varios altos cargos políticos, en una cadena de responsabilidades que —cada vez más— se acercan y comprometen al presidente.
Por el escándalo en ese momento tuvo que renunciar la vicecanciller Carolina Ache Batlle. Pero fue recién a partir del 1 de noviembre de 2023, con la declaración de Ache ante la Fiscalía que el caso empieza a escalar hacia adentro y hacia arriba del gobierno mientras quedan a la luz contradicciones entre ministros y demás funcionarios involucrados, en el marco de una evidente afán por evitar la justicia. Esto provocó la renuncia del canciller Francisco Bustillo y apenas unos días más tarde del ministro del Interior Luis Alberto Heber, el subsecretario del Guillermo Maciel y el asesor presidencial Roberto Laflul.
Los otros dos temas son diferentes pero no menos inquietantes. El caso Astesiano refiere al ex jefe de la custodia del presidente, condenado en febrero de 2023 a cuatro años y seis meses de prisión por organizar una red de adulteración de pasaportes descubierta también en los últimos meses de 2022 y en la que también participaban funcionarios del Ministerio del Interior y policías. Sin embargo, este podría ser el menor de los delitos que implican a Alejandro Astesiano, que aparece involucrado en varios episodios de espionaje político, en algunos casos con vínculos empresariales y de personas vinculadas a las Fuerzas Armadas. Las tareas de espionaje fueron realizadas sobre dirigentes políticos, sindicales y estudiantiles, según surge de diferentes indicios. También, sugestivamente, sobre Lorena Ponce de León, la ex esposa de Lacalle Pou: Astesiano realizó averiguaciones sobre un viaje personal que Ponce León hizo en julio de 2022, cuando ya estaba separada del presidente.
En los últimos días de 2023 se divulgaron los audios de la declaración judicial del presidente, realizada varios meses atrás. Previsiblemente, en ellos niega conocer las actividades ilícitas de Astesiano, aunque el peso de las contradicciones lo dejan bastante mal parado, más aún con la suma de otros hechos que se relacionan con dirigentes del gobierno. Por otro lado, desde el Ministerio del Interior se han dados señales de intentar frenar las investigaciones, como sucede en el caso de espionaje a docentes y estudiantes del liceo 41. Otra señal en el mismo sentido la dio en diciembre la Fiscalía que atiende en el caso, al absolver al ex subdirector ejecutivo de la Policía Nacional, Jorge Berriel, quien brindó en varias ocasiones información a Astesiano. Parece que la trama, por el momento, no se ha develado completamente.
El caso del ex senador Gustavo Penades es igualmente escandaloso que los anteriores. Tras una denuncia inicial de una militante de su mismo espacio político —el Partido _Nacional, donde también milita el presidente— acusando a Penades por abuso sexual, que él inicialmente negó, rápidamente se sumaron varios jóvenes y el caso avanzó con mayor rapidez hasta que en octubre de este año se concretó la detención del político, en forma preventiva y hasta la sustanciación del juicio en el que se lo acusa de 22 delitos sexuales contra menores, que en su mayoría tenían en el momento de los hechos 13 y 14 años. De inmediato, el cuerpo legislativo votó por unanimidad la expulsión del dirigente, que en pleno desarrollo del escándalo había llegado a recibir el respaldo del partido, del gobierno y del propio presidente. Para empeorar el cuadro, el 19 de diciembre fueron condenadas cinco personas que fueron contratadas por Penades para “intimidar, amedrentar, amenazar o pagarles algún dinero a las víctimas para que no declararan” en contra del dirigente blanco.
Como señalamos, todas estas situaciones vienen desde hace varios meses pero tomaron un giro más preocupante para el gobierno en los últimos meses, mientras se acerca el fin de su mandato. El 27 de octubre de 2024 se realizarán las elecciones presidenciales, a las que Lacalle Pou no puede presentarse porque la legislación uruguaya prohíbe la reelección. Hasta hace pocos meses el presidente tenía una aprobación del orden del 50% según algunas encuestas [1, 2, 3], número bastante importante para un presidente que transita su cuarto año de mandato. Sin embargo, una encuesta de diciembre parece señalar que la seguidilla puede afectar la imagen presidencial y eventualmente golpear las chances de la Coalición Multicolor, en el contexto de una elección que se anticipa como competitiva [1, 2, 3].
El último domingo de junio de 2024 habrá internas simultáneas en los frentes políticos. Por parte del oficialismo, el precandidato que aparece con más posibilidades es Álvaro Delgado, secretario de la Presidencia. Entre otros, por el momento se presentan como precandidatos Laura Raffo y el senador Jorge Gandini, también del Partido Nacional; el ex general retirado Guido Manini Ríos, por el partido reivindicatorio de la dictadura Cabildo Abierto; y varios dirigentes del Partido Colorado, entre ellos el ministro de Turismo Tabaré Viera, el presidente de ANTEL, Gabriel Gurmendez y el expresidente de la ANEP, Robert Silva. Hasta el momento Pedro Bordaberry, el dirigente colorado que obtendría más apoyo, no sería de la partida. Por parte del Frente Amplio las candidaturas más consolidadas son la del intendente de Canelones Yamandú Orsi, que cuenta con el apoyo clave del MPP, y la de la intendenta de Montevideo Carolina Cosse, que tiene el respaldo del Partido Comunista, y el Partido Socialista, entre otros. También están en carrera el senador Mario Bergara y el intendente de Salto, Andrés Lima.
La contracara de este panorama sesgado hacia la derecha en el Cono Sur es lo que sucede en el país más grande de América Latina y el Caribe. Mirar la situación brasileña en los últimos meses significa principalmente hacer un balance del primer año del tercer gobierno de Lula da Silva y del año siguiente a la derrota del proyecto de ultra financiarización y fascismo de Jair Bolsonaro.
Las estrategias del nuevo gobierno Lula fueron (1) recuperar el protagonismo perdido del país en los escenarios diplomáticos internacionales, recuperando el liderazgo entre los países sudamericanos y emergentes, presentándose como líder en la lucha contra la catástrofe climática; (2) retomar el crecimiento económico, restituir programas sociales y revertir las reformas neoliberales de los últimos seis años y; (3) eliminar la coalición militar-milicia bolsonarista del Estado brasileño.
En la estrategia internacional, Lula da Silva tuvo éxito en su participación en foros internacionales y en convocar la COP 30 a Belém do Pará, en la Amazonía brasileña, y en presentar como tarjeta de presentación la reducción de la deforestación forestal en un año. Sin embargo, la cuestión medioambiental es también una contradicción del propio gobierno que, internamente, busca el apoyo político del agronegocio, sector responsable de la deforestación, además de una política de fortalecimiento de la petrolera estatal Petrobras, central para la recuperación económica. pero que cuestiona el compromiso del país con la transición energética. La posibilidad de exploración petrolera en la desembocadura del río Amazonas, por ejemplo, colocó a Lula da Silva y al presidente colombiano Gustavo Petro en lados opuestos.
Además, Brasil ocupó la presidencia temporal del Consejo de Seguridad de la ONU cuando estalló el conflicto en la Franja de Gaza, y la propuesta brasileña obtuvo un amplio apoyo, pero fue vetada por Estados Unidos, que necesitaba dar a Israel más tiempo para proceder con la cuestión palestina. genocidio. Brasil también lideró la recuperación de Unasur y Celac, además de enterrar al Grupo de Lima, creado para desestabilizar a Venezuela. Sin embargo, no sólo la diplomacia brasileña no ha logrado salvar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, sino que el destino del bloque también está amenazado por la posibilidad de que Uruguay firme un acuerdo de libre comercio con China y la salida de Argentina, si Javier Milei cumple su promesa de campaña. Finalmente, Brasil es uno de los fundadores de los BRIC y la ex presidenta Dilma Roussef asumió la presidencia del Nuevo Banco de Desarrollo, pero la expansión de los miembros del bloque diluye el peso de Brasil dentro de esta articulación. Al final, la decisión de Venezuela de reclamar parte del territorio de Guyana también generó tensiones entre el gobierno brasileño y otros dos gobiernos aliados.
Este conjunto de episodios es ilustrativo del nuevo escenario sur y latinoamericano, muy diferente al de las primeras elecciones de Lula, cuando vio el ascenso de gobiernos progresistas en gran parte del continente, fortaleciendo las integraciones regionales y colocándose como líder de esta comunidad en el plano geopolítico. guión. Precisamente en momentos en que la multipolaridad en construcción abre una ventana de oportunidad para los movimientos regionales, no hay suficiente unidad en América Latina para negociaciones conjuntas con Estados Unidos o China.
En la política interna, el gobierno dejó al poder judicial y policial la responsabilidad de perseguir y juzgar a Jair Bolsonaro y los miembros de su equipo, por los más diversos delitos, desde delitos electorales hasta ataques contra instituciones. Entre bastidores, Lula da Silva buscó pacificar la relación con los militares, ampliando el presupuesto y manteniendo canales de diálogo, a pesar de que este sector estaba directamente vinculado a las manifestaciones del 8 de enero. El gobierno actuó para mantener bajo perfil al Comité Parlamentario de Investigación sobre el episodio. Al mismo tiempo, para construir una mayoría parlamentaria, el gobierno buscó a antiguos aliados de Jair Bolsonaro y construyó el bloque de derecha liderado por el diputado Arthur Lira en la base del gobierno. El gobierno también ha buscado, con menos éxito, alianzas con la agronegocio en el Congreso, el grupo sectorial más grande del Parlamento.
En economía, la prioridad del gobierno era cambiar las reglas fiscales que congelaban las inversiones estatales y aprobar una reforma tributaria, en discusión desde hace tres décadas, que aumentaría los ingresos y reduciría la brecha de desigualdad de ingresos en el país. Para aprobarlos, el gobierno necesitó negociar y atender frecuentemente al mercado financiero, al mismo tiempo que logró reducir las tasas de interés, pero a un ritmo mucho más lento del deseado. En este aspecto, el año fue muy similar al primer año del gobierno Lula hace veinte años.
Sin embargo, la crisis social es mucho más pronunciada que hace dos décadas y los márgenes de movimiento son más estrechos. Se espera que la economía crezca sólo un 3% este año: más del 1% previsto por el mercado, pero insuficiente para atender a los hambrientos y desempleados. Ambos índices experimentaron reducciones, pero fueron modestas en comparación con el panorama general.
Como resultado, la aprobación al gobierno ha ido cayendo, sin que haya una disminución del sector que rechaza al gobierno desde el primer mes y que coincide con el mapa de votación de Jair Bolsonaro. En otras palabras, la base de apoyo del neofascismo sigue cohesionada, aunque fuera de las calles, incluso aunque sus principales dirigentes tengan problemas legales. Además, la extrema derecha gobierna los tres estados más ricos del país. El año 2024, supuestamente, debería ser de mayor tranquilidad, mientras no se rearticula la oposición fascista, con el mercado financiero más tolerante, pero si no hay recuperaciones más robustas en la economía y los programas sociales, el gobierno enfrentará dificultades en las elecciones municipales del próximo año.
Derrotas electorales, divisiones internas y retrocesos en materia de derechos en los Andes
La región andina también atravesó una coyuntura de avances y retrocesos que tuvieron en algunos casos escenarios electorales y en otros la proyección de un cierre de año que muestra el movimiento de las fuerzas sociales y políticas de la región a una mayor polarización y tensión entre los diferentes proyectos nacionales que se buscan llevar adelante.
Como mencionamos al inicio del informe, el contexto internacional protagonizado por la ofensiva israelí sobre Gaza también tuvo un correlato en nuestra región, y en especial en la zona andina, donde hubo fuertes posicionamientos en defensa del pueblo palestino y en exigencia al cese al fuego como fue el caso de Colombia, Bolivia y Venezuela. Este hecho se presenta como uno de relevancia teniendo en cuenta la fuerte presencia que ha tenido el lobby israelí en la región latinoamericana y caribeña, en especial en aquellos lugares donde hay conflictos armados como es el caso de Colombia.
Por otra parte, en la región andina los escenarios electorales marcaron el último cuatrimestre del año, especialmente en los casos de Colombia, Ecuador y Venezuela, donde se realizaron comicios que evidenciaron la dificultad de los escenarios políticos en la región, y la urgencia de construir otros escenarios de participación política más allá de los escenarios meramente electorales.
En el caso de Colombia, el último cuatrimestre del año estuvo en la sintonía de los meses anteriores donde la oposición al gobierno de Gustavo Petro buscó impulsar una campaña para las elecciones regionales marcadas por la polarización y la instalación mediática de que las mismas constituían una especie de “referendo” de la gestión del presidente Petro. Como mencionamos en informes anteriores, el gobierno ha estado protagonizado por una serie de importantes iniciativas gubernamentales que han priorizado el cumplimiento del programa de gobierno, entre las que destaca la Reforma a la Salud que finalmente fue aprobada por la Cámara de Representantes a inicios de diciembre, y que transformará el sistema sanitario a nivel nacional.
Sin embargo, el desarrollo de las demás propuestas de Reforma, así como de la competitividad de su fuerza política se ha encontrado con la dificultad de constituir un instrumento unitario alrededor de la defensa del gobierno, que fue evidente en el desarrollo de las elecciones regionales del pasado mes de octubre. Aquí uno de los elementos que resaltan es la dependencia que tiene la coalición del Pacto Histórico de la figura personal del presidente, y la ausencia de liderazgos regionales que permitan la construcción de esta cohesión a nivel territorial, más allá de la referencia de Petro.
De 32 departamentos que tiene el país, las candidaturas del Pacto Histórico obtuvieron un escenario de 12 gobernaciones con posibles alianzas, frente a 20 que estarían compuestas por fuerzas opositoras o independientes Al respecto, el presidente convocó a las diferentes expresiones que componen el Pacto Histórico a conformar un partido único a nivel nacional que esté en condiciones de consolidar una fuerza de gobierno, así como ha llamado insistentemente a los movimientos y partidos a mantenerse en movilización constante para defender las iniciativas de gobierno y construir condiciones de soporte para poder profundizar las mismas. El Pacto Histórico continuará su gobierno en 2024 con una presencia en el Congreso de 20 senadores y 31 representantes a la cámara, y tendrá el apoyo de 70 alcaldes y más de 700 concejales, además de los gobernadores electos.
Otro elemento central de la coyuntura nacional que movió la dinámica política en 2023 y se consolida en el cierre del año es la dificultad de continuar con la agenda de Paz Total de manera permanente y satisfactoria, pues durante el año fueron numerosas las interrupciones a la mesa de negociaciones con los diferentes actores armados, especialmente en los casos de las disidencias de las FARC quienes anunciaron la suspensión de los diálogos en el mes de octubre, y del ELN que producto de acciones militares como el secuestro de Luis Manuel Diaz, padre del futbolista Luis Diaz, entraron en un difícil momento en su mesa de diálogos, pero que parece iniciar un nuevo ciclo después del pasado 30 de noviembre en la Ciudad de México con la reapertura de los diálogos en el marco del proceso de paz. Otra dimensión crítica para el gobierno de Gustavo Petro ha sido la relacionada a la continuación de la difícil situación humanitaria en el país protagonizada por masacres en contra de líderes sociales y políticos en diferentes regiones. A la fecha, se registran 87 masacres y 153 asesinatos selectivos en 2023, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
En la agenda internacional, el presidente Petro participó de la COP 28 en Dubái, con una importante participación en materia de propuestas alrededor de la transición energética justa vinculada con el tránsito hacia las energías limpias y el proceso de descarbonización global. Como ya es conocido, la postura del presidente de Colombia se dirigió a denunciar la responsabilidad de las grandes potencias en la crisis ambiental a nivel global, y en particular de EE.UU. en las altas emisiones de CO2. Frente al difícil escenario en términos ambientales, Petro presentó la iniciativa del tratado de no proliferación de combustibles fósiles, así como la propuesta de avanzar con un canje de deuda por acciones climáticas en el sur global. Colombia llegó a la reunión de Dubái con importantes logros en materia ambiental, en especial respecto a la reducción de la deforestación en un 29% lograda durante el presente año.
Por su parte, Ecuador también estuvo marcado por la agenda electoral que definió en el mes de octubre el siguiente presidente del país por el período que le restaba a Guillermo Lasso como vimos en el informe anterior. Estas elecciones definidas en el balotaje del 15 de octubre dieron como ganador a Daniel Noboa de Acción Democrática Nacional y candidato de los sectores de la derecha nacional, frente a su contendora Luisa González, representante de Revolución Ciudadana.
Las elecciones fueron un duro revés para la fuerza política progresista, teniendo en cuenta que son las segundas elecciones en balotaje en la que quedan en segundo lugar. Sin embargo este caso resalta teniendo en cuenta la emergencia relativamente nueva de la figura de Noboa, y su clara vinculación con el proyecto neoliberal impulsado los últimos años por Lasso y Moreno. Después de los comicios, Revolución Ciudadana realizó su convención nacional eligiendo como líder a la ex candidata González bajo la consigna de la unidad para reconstruir una fuerza política que pueda llegar a ganar las siguientes elecciones presidenciales.
Vale la pena resaltar que la candidatura de Revolución Ciudadana fue víctima de una campaña de desprestigio por los conglomerados mediáticos que intentaron posicionar la hipótesis de alguna posible vinculación entre la fuerza política y el asesinato del entonces candidato Fernando Villavicencio. Desde la fuerza política rechazaron las acusaciones denunciando la utilización proselitista de los hechos sobre los cuáles la investigación se vuelve cada vez más compleja, producto de que hallaran muertos en la cárcel a siete de los trece procesados por el asesinato.
En este caso, es fundamental resaltar el lugar que empezado a ocupar Ecuador en la agenda regional de seguridad y defensa, producto de un difícil contexto a nivel nacional en la materia, pero en especial de un lugar geopolítico que busca fortalecer en Ecuador un enclave para la recepción de tropas marítimas y terrestres con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, como afirma la socióloga ecuatoriana Irene León.
Frente al difícil contexto nacional que se avecina, y las consecuencias del gobierno neoliberal que ya son tangibles, numerosos sindicatos del país agrupados en el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) convocaron una movilización para el 19 de diciembre con el objetivo de rechazar la denominada Ley Económica Urgente de Noboa, que propone la creación de zonas francas que profundizan la precarización del trabajo, así como la condonación de deudas a grupos económicos.
Por su parte, Venezuela atravesó una importante jornada electoral sobre el territorio del Esequibo, históricamente en disputa con Guyana inclusive previa a su independencia en 1966 e intensificado por el descubrimiento hace pocos años de yacimientos de gas y petróleos en la región que Guyana ha concesionado a empresas petrolera trasnacionales como es el caso de la Exxon Mobil, según denuncia el gobierno de Nicolás Maduro.
El gobierno de Venezuela ha convocado a mecanismos de diálogo y consenso entre los países, que partan de lo pactado en el Acuerdo de Ginebra en 1966, y no de posteriores definiciones de la Corte Internacional de Justicia que pretende desconocer lo firmado en Ginebra en materia de delimitaciones territoriales y que durante las últimas semanas de noviembre tuvo preocupantes novedades respecto la solicitud del presidente de Guyana, Irfaan Ali, de solicitar la ayuda del Departamento de Defensa de EE.UU. para “defender su territorio”, lo que prende las alarmas de un intento de apertura de una base militar estadounidense en el país vecino. Es importante recordar que tanto el gobierno de Guyana como la empresa Exxon Mobil han violado las leyes internacionales que se refieren a la integridad territorial de Venezuela, permitiendo exploraciones en territorios que están en disputa.
Al respecto, se adelantó el domingo 03 de diciembre un referendo consultivo en Venezuela como una muestra de soberanía y democracia, que se basaba en cinco preguntas relacionadas con la disputa territorial. Finalmente, los resultados del referendo fueron contundentes, pues el 51% de población habilitada para votar ―equivalente a más de 10 millones de electores― acudió a la urnas para dar una respuesta afirmativa a los 5 puntos consultados en la jornada con un promedio del 95%. Con esta legitimidad popular, el presidente Nicolás Maduro anunció una serie de medidas que incluyen la creación de la nueva Alta Comisión por la Defensa de la Guyana Esequiba integrada por el Consejo de Defensa de la Nación, el Consejo Federal de Gobierno, el Consejo de Seguridad Nacional y todos los sectores políticos, religiosos y académicos, en especial las universidades del país. Asimismo presentó ante la Asamblea Nacional la Ley Orgánica por la Defensa de la Guyana Esequiba que busca regular la creación del estado Guyana Esequiba, presentó el nuevo mapa físico de Venezuela que incluye al territorio de la Guyana Esequiba, y propuso una serie de medidas de atención social a la población esequibana, entre otras medidas.
Respecto las tensiones que la controversia por el Esequibo ha generado en el Caribe entre Venezuela y Guyana, líderes de la CARICOM y la CELAC participaron de las conversaciones entre los dos países que se desarrollaron en San Vicente y las Granadinas, en las que estuvieron presentes Nicolás Maduro y Mohamed Irfan Ali, con el objetivo de encontrar una solución justa y pacífica al conflicto territorial.
La convocatoria al referendo se da en medio de un período particular de reagrupamiento político de la oposición de cara a las elecciones presidenciales que tendrán lugar en el segundo semestre de 2024. Durante el mes de octubre se adelantó una consulta de los partidos de oposición que buscan enfrentarse a la reelección de Nicolás Maduro el próximo año, del cuál salió victoriosa la candidata Maria Corina Machado, referente de la derecha venezolana que actualmente se encuentra inhabilitada para ocupar cargos públicos hasta 2030. Hasta el momento Vente Venezuela, su espacio político, no integra la coalición Plataforma Unitaria que hace parte de la mesa de negociaciones con el oficialismo que ha incluído la discusión sobre las inhabilitaciones en el diálogo entre el gobierno y la oposición.
Venezuela atravesó durante 2023 un importante año de retos económicos para sortear el bloqueo que se vio impactada por la decisión de Chevron de permitir la extracción de crudo de Venezuela, producto del contexto geopolítico de sanciones contra Rusia. El área energética es sin duda una de las principales fortalezas que tiene la Revolución en términos productivos, que puede encontrar en 2024 una mayor potencialidad de lograrse el objetivo de avanzar en proyectos de integración energética con el gobierno de Colombia, como se tiene presupuestado aprovechar con el gasoducto transcaribeño Antonio Ricaurte que actualmente atraviesa el estado de Zulia en Venezuela y el departamento de La Guajira en Colombia, y que podría asegurar energía eléctrica para Venezuela y materias primas fósiles para Colombia en caso de concretarse la alianza entre PDVSA y Ecopetrol.
Al cierre de este informe, y como muestra del éxito de la política exterior del gobierno de Nicolás Maduro que ha llevado al gobierno de Estados Unidos a cambiar su política de ataque permanente hacia la Revolución Bolivariana a una hostilidad que incluye el retiro de algunas de las sanciones impuestas en su contra, el gobierno de Biden liberó al prisionero político Alex Saab a cambio de la liberación de un grupo de prisioneros estadounidenses que se encontraban detenidos en cárceles venezolanas.
Por otro lado, el caso de Perú continúa presentándose como uno de los más claros escenarios de un golpe parlamentario consolidado que cumplió el 07 de diciembre un año de haber logrado terminar de forma ilegal con el gobierno popularmente electo de Pedro Castillo. Como fuimos abordando a lo largo del 2023, el gobierno ilegítimo de Dina Boluarte avanzó en una maquinaria de represión en contra de la movilización social que no escatimó en convocatorias para denunciar la inconstitucionalidad de su mandato, y que nuevamente se encontró en las calles en el marco del repudio al primer aniversario del golpe a Castillo quien sigue detenido sin el cumplimiento de un debido proceso. Al respecto, Castillo solicitó a la Justicia enfrentar el proceso en su contra en libertad, dada la ilegalidad de su detención.
La represión impulsada por las fuerzas policiales y militares ha sido la clave de gobernabilidad de Boluarte, quien atraviesa una investigación impulsada por la Fiscalía de Perú por las más de 67 muertes causadas por la represión policial en el marco del golpe institucional. A la fecha, el gobierno de Dina Boluarte cuenta con una aprobación de su gestión del 8% de la población, y ha profundizado la caída de índices de pobreza y crecimiento económico. El gobierno de Boluarte además cierra el 2023 con una solicitud de vacancia en su contra presentada por un grupo de congresistas ante el Parlamento por “abandono de cargo”.
Este escenario de la política local se enfrentó hacia el fin del año con el cimbronazo que ocasionó el anuncio del Tribunal Constitucional de Perú en el que ordenó la liberación del dictador Alberto Fujimori quien se encontraba condenado a cumplir 25 años de prisión por los delitos de lesa humanidad cometidos durante su mandato. El Tribunal desconociendo el fallo de la Corte interamericana de Derechos Humanos, ordenó la libertad inmediata de Fujimori, marcando un grave precedente en materia de Derechos Humanos en la región. Vale la pena mencionar que el fallo emitido por la CIDH en la que se ordena la prisión de Fujimori es de carácter vinculante, lo que implica el desconocimiento de una de las principales autoridades a nivel humanitario en la región.
El repudio por el indulto a Fujimori ha sido generalizado en el país, principalmente por las agrupaciones de familiares de víctimas de la dictadura como es el caso de las víctimas de las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos, así como observatorios de Derechos Humanos como Human Rights Watch para quienes la liberación del ex dictador constituye una “muestra del deterioro del Estado de derecho en el Perú, ya que no se respetan estándares internacionales ni decisiones de cortes internacionales”. Este escenario humanitario cobra aún más preocupación a partir de la compra sin licitación del Ejército Peruano de más de 10 mil fusiles a Israel, y que se presume serán utilizados en la represión contra la movilización social.
Adicionalmente a este panorama preocupante en la región andina, vale la pena destacar la difícil coyuntura interna que atraviesa el proceso de cambio en Bolivia que ya fuimos desarrollando durante este 2023, pero que llega a uno de sus puntos más tensos en este último cuatrimestre. En el mes de octubre se convocó desde el sector del expresidente Evo Morales al 10ª congreso del MAS al cuál no asistió el presidente Arce, y en el que se definió la expulsión de este último del partido que es el partido de gobierno.
Este episodio evidencia la fuerte crisis interna que lleva atravesando el partido durante el último año, donde Evo Morales ha denunciado de manera pública ataques contra el MAS que según él han sido impulsados por Luis Arce y diferentes miembros del gobierno, como el intento de presionar al Tribunal Supremo Electoral de intentar impugnar el congreso del partido del mes de octubre. Producto de estos ataques, Morales anunció su candidatura presidencial para las elecciones de 2025.
Es particularmente preocupante este escenario respecto a la unidad regional, y las experiencias de división que fuerzas internas han impactado en América Latina y el Caribe. Bolivia, a pesar de sus dificultades, sigue constituyendo un proyecto de esperanza para los pueblos de la región que levantan las banderas de la soberanía y las luchas antineoliberales. Muestra de ello es el anuncio hecho por el Estado Plurinacional de integrarse al MERCOSUR, que podría constituir un mayor fortalecimiento del mecanismo de integración regional, pero que con las fracturas internas parece un hecho secundario.
Mesoamérica: Crisis migratoria, ofensiva oligárquica e inestabilidad política con miras a las disputas electorales del 2024
La cuestión migratoria es una de las problemáticas más importantes que afronta la región mesoamericana. Las dos principales rutas migratorias son la región del Darién en la frontera Colombia – Panamá y la zona del Río Bravo que separa a México de Estados Unidos. Esta última es considerada uno de los corredores migratorios más peligrosos del mundo y arroja datos dramáticos sobre la cantidad de migrantes asesinados a raíz de las consecuencias de las políticas deshumanizantes y expulsivas tomadas por la administración norteamericana e impuestas a los países limítrofes. En lo que va del 2023 el número de muertos o desaparecidos alcanza la cifra de 533 personas y en el Darién a 42, según datos del Proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Entre las causas se encuentran enfermedades por falta de acceso a la salud, ahogamientos, catástrofes ambientales, accidentes, actos de violencia por parte de bandas criminales, entre otros motivos.
Como anunciamos en nuestro informe anterior, el fin de la trumpista Título 42 y la continuación de políticas como Título 8 podría profundizar la crisis humanitaria en la frontera Sur. El consenso bipartidista antimigratorio entre republicanos y demócratas en Estados Unidos acentúa la permanencia de las políticas securitarias que vienen expulsando a miles de migrantes todos los meses. Tendencia que se acrecienta a medida que el flujo migratorio de las caravanas migrantes incrementan con la expectativa de ingresar a territorio estadounidense sin documentación o mediante el pedido de asilo con el fin de la mencionada medida impuesta por el ex mandatario Donald Trump. Durante la administración de Biden vimos reforzar la presencia de fuerzas de seguridad y dispositivos represivos que generan un muro fronterizo invisible (además del ya visible muro existente) para contener y expulsar a los inmigrantes.
En el mes de octubre, el Presidente de EEUU anunció que se ampliará el muro de la frontera sur para detener el ingreso de los migrantes, esta medida incumple con su promesa de campaña cuando afirmaba que el muro no es una respuesta a la problemática migratoria. Biden se excusa en que los fondos para el muro ya había sido sancionado por la gestión precedente y no se puede destinar para otra cosa. Para llevar a cabo esta expansión se tuvieron que eliminar unas 26 leyes federales, entre ellas varias referidas al cuidado del medioambiente. El anunció fue celebrado por Trump en redes sociales.
Esta medida se hizo pública horas antes del encuentro del Secretario de Estado de EEUU, Antony Bklinken, y el Presidente de México, López Obrador, para abordar la problemática migratoria y el fentanilo. El mandatario mexicano dejó en claro su posición contraria a la expansión del muro: «esa autorización para la construcción del muro es un retroceso porque eso no resuelve el problema, hay que atender las causas». México es el principal país implicado en la problemática migratoria tras el endurecimiento de las políticas estadounidenses, ya que es una zona de tránsito y de espera de quienes buscan cruzar el Río Bravo. Se estipula que el 2023 superará al año pasado en cifras de migrantes que llegan a México para ingresar a EEUU por la frontera sur, alcanzando los 2 millones 500 mil. El mes de mayor cruce y expulsiones fue septiembre con 269 735 personas. La otra zona que viene incrementando su flujo migratorio es la del Darién que registró en este año más de medio millón de migrantes que transitaron por la región selvática, superando en un cien por ciento al 2022 cuando alcanzó los 248 mil desplazamientos migratorios.
En este año ha incrementado el flujo migratorio proveniente de sudamérica, sobre todo desde la apertura de la ruta migratoria del Darién. Venezolanos y ecuatorianos junto a haitianos componen el mayor grupo de migrantes que se dirigen hacia Estados Unidos que luego se unen a centroamericanos y caribeños intentando cruzar el Río Bravo desde México en caravanas de migrantes. Muchos toman este camino arriesgando sus vidas viéndose expulsados por las crisis sociales, económicas y violencias que atraviesan sus países. La paradoja es que gran parte de estas inestabilidades que fuerzan a emigrar a miles de personas son provocadas por las políticas injerencistas estadounidenses y de bloqueo económico y medidas coercitivas sobre países, como es el caso de Venezuela y Cuba. Por eso, la cuestión migratoria no podrá ser solucionada si no se abordan sus causas estructurales que tienen como responsable al destinatario de los flujos migratorios pero también al principal responsable, Estados Unidos.
La inestabilidad política viene siendo una constante en la región, donde las oligarquías y grupos dominantes se rehúsan a perder su poder político y privilegios económicos. Así viene siendo en el caso de Guatemala y Honduras que con sus particularidades expresan la llegada al gobierno de fuerzas políticas progresistas, de centro izquierda en un caso y de izquierda en otro. En Guatemala el 2023 estuvo atravesado por el proceso electoral que consagró a Bernardo Arévalo como Presidente. Desde sus inicios las elecciones fueron condicionadas por el Poder Judicial, proscribiendo candidaturas, poniendo en dudas la oficialización de los resultados electorales en la primera vuelta y , luego del ballotage, teniendo una práctica injerencista que las organizaciones sociales y políticas denuncian como una actitud golpista por parte de los órganos judiciales, en particular del Ministerio Público (MP).
En el mes de septiembre inició la transición presidencial entre Giammattei y Arévalo que debe concluir con la asunción de este último el 14 de enero. Pero el diablo metió la cola o mejor dicho los sectores dominantes, amparados en un sector del poder judicial ―el Ministerio Público que encabeza Consuelo Porras― , en la alianza oficialista del actual gobierno y una red de intereses denominados por las organizaciones sociales como “pacto de corruptos”, se niegan a dejar el poder político o buscan condicionar al máximo al nuevo gobierno abriendo las puertas a un golpe institucional antes de que asuma el mandatario electo o durante su gestión. El golpe en curso inició con los intentos de desconocer los resultados de la primera ronda electoral y continúa con la suspensión de la personería jurídica del Partido Semilla ―por supuestas irregularidades en su constitución― , con los pedidos de desafueros de Arévalo y su vicepresidenta Karin Herrera y el pedido de anulación de las elecciones presidenciales.
Tras conocerse las intenciones del MP y de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de anular los comicios, Bernardo Arévalo dió una conferencia de prensa donde denunció el intento golpista:
Guatemalteca, guatemalteco, quieren invalidar tu voto. El voto que hiciste con fe, con esperanza y en libertad. Los votos de todas las personas que participaron en las elecciones del 25 de junio y del 20 de agosto fueron contados de forma limpia, transparente y efectiva. En prácticamente todas las mesas el conteo fue vigilado por los fiscales de los partidos políticos, observadores del sector privado, civil e internacional, dan fe de las certeza del escrutinio.
Además, el mandatario electo manifestó que “el intento de golpe es real… hacemos un llamado a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que detengan las artimañas ilegales de este grupo de golpistas atrincherado en el MP”. Tanto la FECI como el MP han denunciado irregularidades y adulteración de actas electorales sin precisar bien cuales fueron y a quienes pudieron favorecer. La acusación también cae sobre integrantes del Tribunal Supremo Electoral, quienes en su momento habían solicitado la suspensión de la personería partidaria de Semilla, pero indicaron que esto no invalida el resultado electoral. La Presidenta del TSE manifestó:
Los resultados están validados y oficializados y son inalterables (…) tenemos un binomio presidencial con sus credenciales, nuestro Presidente es don Bernardo Arévalo, nuestra Vicepresidenta la señora Karina Herrera, y no tendríamos ninguna facultad salvo una sentencia que devenga de la Corte de Constitucionalidad que nos pueda decir que podemos anular una elección. En estos momentos, hemos terminado con el proceso electoral 2023, las personas están debidamente acreditadas y deben de tomar posesión el 14 y 15 de enero de lo contrario hay rompimiento del orden constitucional.
La respuesta de la bancada oficialista en el Congreso y en sintonía con el MP y la FECI, fue la aprobación del desafuero a cuatro integrantes del TSE para que puedan ser juzgados por supuesto fraude electoral. Esto puso en primer plano al Presidente Giammattei ya que aparece como el principal responsable político del intento golpista.
La respuesta social en defensa de la democracia se hizo sentir. Las organizaciones sociales y políticas salieron a la calle contra el golpe judicial. Hubo distintas jornadas de lucha: manifestaciones, cortes de ruta, acampes y movilizaciones que articularon al movimiento indígena y campesino con estudiantes, trabajadores, partidos políticos y ciudadanos autoconvocados. El 7 de diciembre se produjo una masiva caravana que se dirigió hacia la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público. La movilización fue convocada por las autoridades indígenas y organizaciones sociales que sostuvieron “nuestro compromiso inquebrantable con la democracia, la justicia y el respeto por los derechos y libertades de todos y todas”. La iniciativa fue apoyada por Arévalo, quien participó de la misma junto a otros dirigentes políticos.
La crisis política está teniendo una fuerte repercusión internacional. La Organización de Estados Americanos (OEA) está jugando un rol importante, incluso su secretario general, Luís Almagro, tuvo participación en el inicio de la transición presidencial. El organismo se pronunció contra el “intento de golpe de Estado por parte del Ministerio Público de Guatemala (..) El intento de anular las elecciones generales del presente año constituye la peor forma de rompimiento democrático y la consolidación de un fraude político contra la voluntad del pueblo”. El protagonismo de la OEA en sintonía con el posicionamiento de la Casa Blanca tiene el objetivo de evitar que se agudice la crisis política en la región y poder frenar la problemática migratoria que involucra directamente a Guatemala junto a El Salvador y Honduras. Algunos de los mandatarios de otros países que condenaron el golpe y se posicionaron en favor de la asunción de Arévalo y el respeto a lo que el pueblo guatemalteco votó, fueron Petro y Lula Da Silva .
El otro país que atraviesa por senderos políticos inestables es Honduras. En este caso con un gobierno de izquierda liderado por Xiomara Castro que enfrenta tensiones internas, una fuerte ofensiva de sectores opositores y urgencias sociales ante un contexto económico, migratorio y de violencia social difícil. El 28 de noviembre se cumplieron dos años del triunfo electoral de la dirigente del partido Libre, poniendo fin a años del bipartidismo del Partido Nacional y Partido Liberal y de 12 años de un régimen que se instauró tras el golpe de Estado a Zelaya en 2009, y que instaló un narcoestado en las instituciones políticas hondureñas. El autodenominado proceso de “socialismo democrático” avanzó en demandas concretas como la gratuidad energética para 1 millón y medio de hondureños, el fin de las Zedes, aumentó un 40% de su presupuesto para lucha contra la pobreza y el hambre, ha ordenado las finanzas del Estado y se han detenido procesos privatizadores. Además, se restablecieron las relaciones diplomáticas con China. Pero los claroscuros vienen por el lado de que algunas medidas avanzan más lento de lo que se quisiera y muchas están relacionadas con tensiones al interior del bloque de gobierno.
Desde un primer momento el bloque legislativo de Libre se dividió y luego la alianza con el Salvador Nasralla del Partido Salvador de Honduras se rompió debilitando la posición del gobierno en el Parlamento. Durante el 2023 sectores opositores y de la oligarquía hondureña se re organizaron dando señales de amenaza golpistas con sectores ex militares y recuperaron la calle a partir del Bloque de Oposición Ciudadana (BOC) entre quienes se encuentra el ex aliado Nasralla junto, el exministro de Desarrollo Económico Pedro Barquero, integrantes del PN y PL y sectores empresariales. En lo que va este año el BOC se movilizó tres veces, siendo su última presencia callejera el 9 de diciembre donde se manifestaron contra el aumento de la violencia criminal, por la baja del precio de la canasta básica y la generación de empleo. Muchos de los integrantes que vuelven a aparecer fueron parte de los gobiernos del Partido Nacional acusados de corrupción y de penetrar el narcotráfico en las instituciones.
El 29 de agosto los simpatizantes de Libre dieron una masiva muestra de apoyo a Xiomara Castro, en el contexto de disputa entre oficialismo y oposición por la elección de la Fiscal General y Fiscal Adjunto. El Congreso se encuentra bloqueado debido a que ningún sector alcanza los 84 votos para la elección de los magistrados. El primero de noviembre la Comisión Permanente del órgano legislativo con presencia del oficialismo designó con carácter interino a Johel Zelaya como fiscal general y Mario Morazán como fiscal adjunto. Se eligió ese procedimiento, previsto en la Carta Magna, debido a la falta de consenso. El Gobierno dejó en claro la necesidad de cambiar estas autoridades ya que las que tenían mandato vencido responden a intereses de sectores que tenían privilegios y eran minoría que dirigió el país durante décadas siendo responsables de la corrupción e impunidad que reinó durante años.
El 2023 fue la continuación de un proceso de movilización social y crisis política en Panamá. A raíz de los efectos sociales y económicos que dejó la Covid 19 y las consecuencias de las políticas tomadas por el gobierno, en julio del 2022 se produjeron movilizaciones en respuesta al alza de precios de combustibles, alimentos y medicamentos. Esto articuló a distintos sectores sociales: organizaciones sociales, grupos de profesionales, maestros, trabajadores de la construcción, indígenas y ciudadanos autoconvocados. Esto fue la antesala de lo que sucedió desde el mes de octubre a esta parte cuando la Asamblea Nacional aprobó mediante la Ley 406 el contrato con la Minera Panamá, filial de la empresa canadiense First Quantum Minerals. Esto generó una ola de descontento social, huelgas y movilizaciones con el fin de derogar o declarar inconstitucional la legislación.
El conflicto antiminero viene de larga data, por esto entrevistamos al dirigente social Ronaldo Ortiz, quien indicó:
El conflicto viene desde el 2017 cuando la Corte Suprema de Justicia declara inconstitucional, luego de 20 años, el proyecto minero de esta misma empresa First Quantum. Pero el gobierno de ese entonces decide no acatar el fallo. El Presidente actual Laurentino Cortizo decide negociar un nuevo contrato sin tener en cuenta la inconstitucionalidad. Desde un primer momento vimos como algo nefasto ya que desacata lo que pasó cuatro años antes, sino que también se trata de una empresa transnacional vinculada al tráfico de personas. Además, profundiza el modelo extractivo que está haciendo daños al país. A principios de este año se anunció el nuevo acuerdo y volvimos a movilizar.
Ortiz señala que en el mes de agosto se comenzó a tratar el acuerdo en el Congreso legislativo y que tras idas y vueltas, y cambios mínimos en los articulados el 20 de octubre se aprueba desoyendo la fuerza que iba tomando el movimiento social en contra de la normativa. “El 23 de octubre se convoca a un paro y allí surge todo el proceso de lucha que salió a la luz más públicamente, pero es algo que se venía gestando hace rato”, señaló el dirigente social. Las manifestaciones contaron con la articulación de amplios grupos de la sociedad, desde organizaciones sociales, las comunidades religiosas, sectores de clase media, profesionales, movimiento estudiantiles, las siete comunidades originarias, entre otros. En un principio la principal reivindicación era la derogación de la Ley, pero luego viró hacia el pedido de inconstitucional, sobre esta diferencia el integrante del FRENADESO opinó:
La derogación implicaba que se volviera todo directamente a la inconstitucionalidad del 2017 y era una forma más rápida de solucionar la crisis que se había desatado, por eso fue lo primero que exigimos a las autoridades. Luego, los medios de comunicación y sectores empresariales se focalizaron en dividir al movimiento popular y comenzó a ganar terreno la idea de la inconstitucionalidad, que nosotros también estamos de acuerdo. Pero con la primera había posibilidad de juzgar a los responsables, pedir resarcimiento económico a la empresa por los daños causados y llevar ante el tribunal a los gobiernos que impulsaron este proyecto minero. Con lo segundo se puede hacer esto, pero es más difícil e implica otro proceso.
La movilización social alcanzada fue muy importante y con el pasar de los días tomaba más fuerza. Hubo más de 250 cierres de carreteras en todo el país, se bloquearon las fronteras con Colombia y Costa Rica, la huelga se extendió a todo el país.
“Sabíamos que noviembre era un mes importante, acá es un mes patrio, el 3 se conmemora la separación de Colombia, el 10 el primer grito de independencia y el 28 de noviembre la independencia de España. Hicimos una vigilia afuera de la Corte Suprema de Justicia y justamente el día 28 se sanciona la inconstitucionalidad. El pueblo tenía razón. En el 2017 fueron 5 los artículos que violentaron a la constitución, ahora 25” , afirmó Ortiz.
Esta lucha antiminera alcanzó a cuestionar el status quo, profundizó la poca credibilidad del gobierno, generó la denuncia del Ministro de Comercio e Industria, se pide la renuncia de todo el gabinete y que los impulsores del acuerdo sean condenados como traidores a la patria. Luego de la sanción de inconstitucionalidad, las organizaciones sociales plantean la discusión del plan de cierre de la mina, sobre todo que se garanticen los derechos laborales de los trabajadores, que se regeneren las tierras dañadas, que se deje de judicializar a los manifestantes ya que algunos se encuentran aún privados de la libertad y que se respete y garantice la libertad sindical.
Este conflicto se está dando en un contexto de crisis social, donde Panamá es el quinto país más desigual del planeta con altas tasas de informalidad y creciente desempleo. Además, el 5 de mayo de 2024 se desarrollarán las elecciones presidenciales y se abre el interrogante por cómo repercutirá el proceso de lucha de estos meses, con una movilización popular heterogénea y el cuestionamiento a la política. Actualmente hay ocho candidaturas, con una relación de fuerza en favor del establishment panameño, salvo una de las candidatas, Maribel Gordón, que viene del instrumento político de organizaciones sociales nucleadas en el Frente Amplio por la Democracia.
Otro de los procesos electorales que afrontará la región el próximo año será en México. El 2 de junio del 2024 se llevarán a cabo las elecciones que dirimirán quién reemplazará a López Obrador en el sexenio siguiente. El 1º de diciembre se cumplieron cinco años de la asunción del actual mandatario. Con una imagen positiva que supera el 60 por ciento, AMLO ha logrado que el partido oficialista MORENA (Movimiento de Regeneración Nacional) se expanda territorialmente por todo el país. Además, gobierna (MORENA y aliados) en 23 de los 32 gobiernos federales. Entre sus logros se destacan algunas reformas que han intentado contrarrestar la lógica neoliberal imperante en varias áreas promoviendo un proyecto soberanista, algunas de estas son reformas eléctricas como las leyes de Hidrocarburos e Industria Eléctrica y el fortalecimiento de la inversión pública en la petrolera PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). También se destacan leyes que apuntan a mejorar el sistema educativo y las políticas sociales como elevar a rango constitucional la pensión para adultos mayores y la creación de programas del estilo de Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida, este último para la recuperación forestal. Se prohibió la subcontratación y se aumentó el salario mínimo, revirtiendo la tendencia al estancamiento salarial de los gobiernos anteriores. Además, se llevó a cabo una política de austeridad de los gastos del Estado y contra la corrupción que fueron sus banderas que le permitieron llegar a la presidencia. Destaca también, su política de comunicación, las mañaneras, que consiste en conferencias de prensa todas las mañanas.
Entre los límites que encontró AMLO están las instituciones como el Instituto Nacional Electoral, en sus intentos de reformarlo, o la Suprema Corte de Justicia que ha sido un obstáculo en el avance de algunas reformas como la eléctrica y electoral que fueron declaradas inconstitucionales. En los debe del gobierno de la cuarta transformación está la problemática migratoria y la seguridad, al respecto de esto último, sigue habiendo una alta tasa de homicidios, y la desmilitarización que no se pudo cumplir con la creación de la Guardia Nacional. También, ha recibido críticas por la incompatibilidad de ciertas obras de infraestructura y la perspectiva ambiental, un ejemplo de esto es la construcción del Tren Maya (cuyo primer tramo se inauguró en el mes de diciembre). López Obrador ha tenido un rol destacado en la política exterior, por ejemplo en el asilo político a Evo Morales durante el golpe de Estado en Bolivia, y en poner de pie a la CELAC como un espacio de articulación continental.
Entre los desafíos que tendrá el último año de mandato de López Obrador están una serie de reformas constitucionales que fueron anunciadas por el mandatario en el plano judicial, seguridad y electoral. Los proyectos serán enviados al Congreso de la Unión para su tratamiento en los primeros meses del 2024. La reforma judicial consiste en la elección de los jueces, magistrados y ministros por voto popular; en materia judicial, es el mantenimiento de la Guardia Nacional en la órbita de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), lo que es acusado de sostener la militarización de la fuerza de seguridad. Y, en lo que respecta al sistema electoral se busca modificar el financiamiento del INE. Además, AMLO anunció que buscará en febrero próximo que se eleve a rango constitucional el beneficio de la pensión que se otorga a las personas con discapacidad, para que se convierta en un derecho, “y llegue quien llegue, no lo pueda quitar”.
Luego del proceso de interna al interior de MORENA, quien tendrá la responsabilidad de seguir los caminos de AMLO, es la ex jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheimbaum. Ya pasada las tensiones y amenazas de ruptura de unidad en el partido gobernante por la posible salida de Marcelo Ebrard luego de perder la interna y cuestionar el método de elección, la candidata ha lanzado su equipo de campaña integrando a los aliados Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo. Por el lado de la oposición, la alianza del PRI – PAN – PRD, eligió a Xóchitl Gálvez como candidata. Con las aspiraciones renovadas apunta a desgastar al obradorismo a partir de una ofensiva mediática y movilizaciones que tienen a criticar a AMLO por cierto sesgo autoritario. El Movimiento Ciudadano había elegido a Samuel García como candidato, pero este se bajó de la contienda y volvió a su cargo de gobernador en Nueva León. Las encuestas dan como favorita a Sheimbaum por sobre Gálvez, con un 50 por ciento de las preferencias frente al 31 por ciento. En las últimas semanas el porcentaje de indecisos descendió del 18 al 12 por ciento.
El gobierno mexicano sigue haciendo los esfuerzos para reconstruir y saldar los daños provocados por el huracán Otis sobre Acapulco el pasado 25 de octubre, que dejó más de 50 muertos, según cifras oficiales, y buena parte de la infraestructura destruida. Acapulco es uno de los centros turísticos más importantes del país, por lo cual AMLO ha anunciado un plan millonario de reconstrucción. También, en los primeros días de diciembre se aprobó en las comisiones del Senado para que pase a su tratamiento en el recinto la denominada Ley Silla. La iniciativa obliga a los empleadores a proveer de asientos a sus trabajadores y prohíbe que estén de pie toda su jornada laboral. La autora del proyecto es la senadora de MORENA Patricia Mercado quien indicó que “ya no se permitirá obligar a las trabajadoras y los trabajadores a permanecer de pie toda la jornada laboral”. Recordó que desde 1914 se propone que sea obligatorio que los trabajadores cuenten con una silla para su descanso pero la normativa debió esperar más de 100 años. Además, se está discutiendo en México la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas, que tendrá tratamiento legislativo en febrero del 2024, algunos empresarios como el multimillonario Carlos Slim se han posicionado en contra de la reforma.
El Salvador también afronta un arduo y conflictivo camino hacia las elecciones presidenciales de 2024. El comicio electoral está pautado para el 4 de febrero y cuenta con la polémica y anticonstitucional candidatura para la reelección del actual Presidente Nayib Bukele. Seis artículos de la constitución salvadoreña no habilitan la reelección presidencial y el Poder Judicial cooptado por el partido oficialista Nueva Ideas habilitó la inscripción de su candidatura. Cuatro de los cinco miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE) lo hicieron el día 3 de noviembre basándose en un fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) del 2021. Jonathan Sisco, de Cristosal, afirmó para el medio Gato Encerrado:
La decisión del TSE claramente es ilegal, viola la Constitución. Lastimosamente los magistrados han actuado con mucho temor, se han prestado a que el presidente de la República pueda continuar ejerciendo el poder, aunque esto implique que se haya subvertido el orden constitucional (…) Con esto se pueden generar condiciones favorables para que exista corrupción sistémica y generalizada en el Estado, podría ocurrir el cierre de espacios cívicos, reducirse la participación política, la libertad de pensamiento, la libre expresión, el cierre de espacios políticos y podría aumentar la persecución a las voces disidentes.
La Asamblea Legislativa dominada por el oficialismo aprobó la licencia de Bukele para que seis meses antes del próximo periodo presidencial deje el cargo de Presidente y pueda participar de la contienda electoral. Durante el mes de noviembre se han contabilizado diez pedidos de nulidad de la reelección del mandatario que fueron rechazadas por el TSE. Las movilizaciones contra las violaciones de derechos humanos del régimen y la reelección han copado las calles en los últimos meses del año. A pesar de esto, Bukele aparece por amplia diferencia como el principal candidato para ganar las elecciones ante una oposición fragmentada.
Esto se da en un contexto de continuidad del Estado de excepción y de la suspensión de las garantías constitucionales de los salvadoreños. El modelo de seguridad de Bukele es seguido por dirigentes y gobiernos de derecha que buscan implantar en sus países como forma de disciplinamiento social. Así lo han manifestado el presidente electo de Ecuador Daniel Noboa quien busca construir cárceles como la de El Salvador o la reciente reunión de la Ministra de Seguridad de Argentina Patricia Bullrich con el Ministro de Justicia y Seguridad salvadoreño, Gustavo Villatoro.
Caribe insular: resistencias contra bloqueos e injerencias imperialistas
Desde hace algunos años, la economía cubana está atravesando una profunda crisis, que fue agravada, primero, por la profundización del bloqueo económico por parte del gobierno estadounidense de Donald Trump (y con el sostenimiento de estas medidas por parte de Joe Biden); en segundo lugar, por la pandemia de COVID19 y sus efectos en la actividad económica en general y el turismo en particular, que es una de las principales fuentes de divisas del país y aún no ha podido recuperarse a los niveles previos. Esto último se acentuó, además, cuando en enero de 2021, días antes de que Donald Trump terminara su período presidencial, Estados Unidos incluyó a la isla en la lista de países patrocinadores del terrorismo, algo que limita aún más el flujo de gente y también de productos hacia el país.
En septiembre, Joe Biden decretó, como cada año, la extensión del bloqueo económico, comercial y financiero, invocando la Ley de Comercio con el Enemigo de 1917 y el interés nacional de EE. UU. y a fines de noviembre, se conoció que el Departamento de Estado de Estados Unidos renovó la inclusión de Cuba en la lista de “países patrocinadores del terrorismo”, a través de la publicación de su informe anual sobre terrorismo.
Por su parte, el gobierno cubano denunció que hubo un ataque terrorista contra la Embajada de Cuba en Estados Unidos con bombas molotov, también condenado por el gobierno estadounidense, que se comprometió a iniciar una investigación.
En octubre de este año, el canciller cubano Bruno Rodríguez Padilla presentó ante el Cuerpo Diplomático de la ONU en el país el Informe Nacional sobre afectaciones del bloqueo entre marzo de 2022 y febrero de 2023. En el mismo se detalla que los daños acumulados son de 159.084,3 millones de dólares. Las áreas más afectadas por esta política son la producción energética y el suministro de piezas necesarias para el funcionamiento y distribución del sistema eléctrico. Contabilizó daños al Ministerio de Energía y Minas en 491 millones de dólares, lo que afecta directamente el sistema electroenergético y produce apagones frecuentes que generan malestar en la población. Además, detalló que otras de las áreas afectadas son la producción de alimentos, debido a la falta de financiamiento a la industria para adquirir maquinarias e insumos, y la provisión de insumos médicos. La situación golpeada del turismo por la pandemia se vio agravada por la inclusión de Cuba como patrocinador del terrorismo, dado que personas de 40 países no pueden acceder a visas estadounidenses si anteriormente visitaron Cuba. Esto además dificulta el acceso al crédito y sistema financiero internacional, así como la posibilidad de comerciar con otros países. Las consecuencias de estas políticas se traducen en desabastecimiento de alimentos, insumos básicos y energía para la población.
«Más del 80% de la población cubana actual solo ha conocido una Cuba bloqueada», afirmó. Esto es parte de lo que explica la creciente desconexión de la población cubana joven con la Revolución y los altos índices de migración.
El consenso internacional sobre el daño y lo injusto de estas políticas se volvió a expresar a nivel institucional a principios de noviembre en la Asamblea General de la ONU, que por 31ª vez consecutiva (desde 1992) aprobó una resolución que condena y exige el fin del bloqueo estadounidense a Cuba.
En un documento aprobado con 187 votos a favor, dos en contra (Estados Unidos e Israel) y una abstención (Ucrania), se señaló que entre marzo de 2022 y febrero de 2023, “el bloqueo causó daños a Cuba estimados en 4.867 millones de dólares”, es decir, 13 millones de dólares por día y 555.000 dólares por hora.
Otras organizaciones internacionales como Oxfam y la Celac también exigieron que termine el bloqueo. Además, sigue la campaña internacional Let Cuba live, para juntar un millón de firmas que firmen una carta a Joe Biden pidiéndole que saque a Cuba de la lista.
Por su parte, abogados de distintos países presentaron en el Parlamento Europeo el caso del bloqueo a Cuba, para ser analizado por un tribunal internacional, que finalmente emitió un fallo a favor del cese del bloqueo. Indicó que “el cerco transgrede la Carta de la ONU, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y acuerdos de la Organización Mundial de Comercio, entre otras normas” como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Si bien esta medida no es vinculante, es una señal más de la ilegalidad y de la ilegitimidad de la política estadounidense a nivel internacional.
Otra señal internacional de apoyo a Cuba fue su elección como parte integrante del Consejo de derechos humanos de la ONU en octubre. De los 15 lugares totales en este consejo, hay tres reservados para América Latina y el Caribe. Cuba obtuvo 146 votos de los 186 totales. Además de Cuba, los otros dos países de Nuestramérica que serán integrantes de este organismo entre 2024 y 2026 son República Dominicana y Brasil.
Para cerrar con la participación de Cuba en el escenario mundial, en septiembre el país fue anfitrión de la Cumbre del G77 + China. El grupo, que no se juntaba desde 2014, tiene 134 miembros, que representan a dos tercios de los miembros de la ONU y el 80% de la población mundial.
La declaración final del encuentro incluyó la “urgente necesidad de una reforma integral de la arquitectura financiera internacional y de un enfoque más inclusivo y coordinado de la gobernanza financiera mundial”, el fortalecimiento de la cooperación Sur-Sur» y el pedido de eliminación de las “regulaciones con impacto extraterritorial y todas las demás formas de medidas económicas coercitivas, incluidas las sanciones unilaterales contra los países en desarrollo”.
En el ámbito local, durante los últimos meses la isla vivió un déficit de combustible que hizo que se viera afectada la vida cotidiana de cubanos y cubanas, en particular en lo que respecta al abastecimiento de energía. Desde el gobierno afirmaron que el bloqueo estadounidense obstaculiza la compra de repuestos para reparar las plantas generadoras de electricidad, y que estaban tomando medidas para mitigar el efecto de esta falta. Informaron también que el porcentaje de afectación fue un 51% menor al del año anterior.
La falta de combustible también afectó la distribución de los productos de la canasta básica y, en ese sentido, el gobierno comunicó que estaban priorizando el su utilización para garantizar la distribución de productos de primera necesidad, como leche, pan y arroz.
Otro de los problemas que viene atravesando la economía cubana es la inflación, producida, en parte, por la insuficiencia de divisas. Según el ministro de Economía, la inflación este año superará el 20%.
Respecto del alto nivel de migración cubana hacia Estados Unidos, en noviembre hubo una reunión entre el subsecretario adjunto de Estado del Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado estadounidense, Eric Jacobstein, y el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío Domínguez. “Cuba reiteró preocupación por medidas que estimulan la migración irregular que se mantienen vigentes por decisión política del Gobierno de EEUU”, escribió el canciller cubano en X. La parte cubana afirmó que Estados Unidos incentiva la migración cubana con el bloqueo y con el programa de incentivos para cubanos en ese país. Hubo acuerdo en que ambas partes debían garantizar la migración segura y ordenada. El 25 de noviembre se cumplieron 7 años de la muerte de Fidel Castro y fue recordado con galas y homenajes tanto dentro como fuera de la isla.
Como en nuestros últimos informes, comenzamos la sección de Haití actualizando los datos que representan la violencia de las pandillas y sus consecuencias.
Según datos de Naciones Unidas, entre el 1º de enero y el 9 de septiembre de 2023, ya se habían reportado 3 mil asesinatos y más de 1.500 secuestros, mientras que 200 mil personas tuvieron que desplazarse de sus viviendas. El dato de personas muertas a causa de la violencia asciende a casi 4 mil para fines de noviembre. Las personas heridas sumaban más de 100 mil y las secuestradas, casi 3 mil.
Detrás de estas cifras, hay incendios a comisarías, casas y vehículos, asesinatos de agentes policiales, docentes, ataques a políticos, hospitales, linchamientos y quejas de la población respecto de que la Policía Nacional de Haití no acude a los llamados de emergencia y las autoridades de facto tampoco actúan al respecto. La Policía anunció la creación de una Unidad Temporal Anti-Bandas mientras que Ariel Henry solicitó en la Asamblea General de la ONU el envío de la fuerza multinacional de la que se viene hablando hace meses.
Además, a fines de noviembre la ONU publicó un nuevo informe sobre la situación en localidades rurales 100 kilómetros al norte de Puerto Príncipe, en el Bajo Artibonito. Según el mismo, solo en estas localidades, fueron asesinadas, heridas o secuestradas más de 1690 personas entre enero de 2022 y octubre de 2023. Se cuentan, además, al menos 20 grupos criminales en esta parte del país. En el texto, el organismo urge a desplegar la fuerza multinacional de soporte a la Policía Nacional de Haití.
El 2 de octubre, después de meses de discusiones y reuniones, finalmente el Consejo de Seguridad de la ONU autorizó el despliegue de una fuerza multinacional de seguridad en Haití. Esto sucedió dos semanas después de que en el marco de la Asamblea General del organismo el primer ministro de facto Ariel Henry volviera a pedir la intervención para manejar la crisis de seguridad y de que Estados Unidos anunciara ayuda monetaria para esta misión. Fue necesario para esto destrabar el posible veto de China, para lo cual fue necesario establecer que la misión no dependiera directamente de la ONU y se implementara en colaboración con el gobierno local. Finalmente se obtuvieron 13 votos de los 15 totales, y China y Rusia se abstuvieron.
La misión, establecida en la resolución S/2023/709, duraría un año y estaría liderada por Kenia, aunque otros países también ofrecieron a enviar fondos, personal o equipos para brindar apoyo a la Policía nacional. Algunos de ellos son: Senegal, Burundi, Chad, Belice, Jamaica, Antigua y Barbuda, Surinam, las Bahamas, España, Italia, Mongolia, Guatemala y Perú.
Cabe mencionar que el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas establece que el Consejo de Seguridad puede hacer uso de la fuerza solo en el caso de haber intentado antes otras alternativas que no impliquen el uso de la fuerza armada y si esta resulta necesaria para “mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales”.
Ante esta noticia, un representante de la oposición keniana y excandidato presidencial, Ekuru Aukot, presentó ante la Corte Suprema de ese país una petición para que su gobierno no envíe sus fuerzas, por considerarlo inconstitucional. La Corte prohibió, en principio, el despliegue de fuerzas por dos semanas a partir del 9 de octubre, que luego extendió hasta el 9 de noviembre y luego volvió a ampliarla. En el medio, el día 16 de noviembre, el Parlamento de Kenia aprobó la misión y autorizó enviar mil efectivos de su policía, con la condición de que antes se recibieran los recursos económicos (230 millones de dólares). Finalmente, el juez a cargo anunció que emitirá un fallo al respecto el día 26 de enero de 2024, por lo que hasta ese día por lo menos, la acción no podría iniciarse.
Otra cuestión a ser destrabada para enviar la misión es el financiamiento. Estados Unidos anunció que aportará 100 millones de dólares. Sin embargo, también es necesario que esto lo apruebe su Congreso y aún no lo ha hecho.
Por otro lado, finalmente hay movimiento en las causas de los detenidos por el asesinato del expresidente Jovenel Moïse. El juez a cargo de la investigación ―el quinto desde que sucedió el hecho― inició a principios de septiembre los interrogatorios de los 18 sospechosos colombianos arrestados desde entonces. En total hay 40 arrestados, incluyendo policías haitianos.
Por su parte el expresidente de Haití Michel Martelly fue interrogado por el mismo caso, debido a que existen sospechas de que pudo haber participado indirectamente en los hechos.
De los 11 detenidos en el sur de Florida, Estados Unidos, por el caso, condenaron a un segundo de ellos, Germán Alejandro Rivera García, a cadena perpetua, luego de haberse declarado culpable de participar en la organización del grupo que asaltó la casa del expresidente. El primer condenado había sido el empresario haitiano-chileno Rodolphe Jaar, que se declaró culpable en marzo pasado. Otro detenido en Estados Unidos que se declaró culpable fue el exsenador haitiano John Joel Joseph, que será condenado en diciembre. El juicio de los otros ocho se espera que se realice en 2024.
Estados Unidos, y particularmente los tribunales de Florida, participan en los arrestos, juzgamientos y condenas debido a que la conspiración fue organizada en parte en ese Estado, con participación de empresarios radicados allí.
Además, en octubre en Haití detuvieron a otro sospechoso, el exagente policial Joseph Félix Badio. Estaba prófugo y había trabajado en el Ministerio de Justicia de Haití y en la Unidad Anticorrupción del Gobierno.
A partir de las investigaciones y declaraciones, se van haciendo más certeras algunas hipótesis de la trama y las razones del asesinato. La idea principal era secuestrar a Moïse y reemplazarlo por Christian Sanon, para que los empresarios implicados que estaban en conexión con él pudieran conseguir firmar contratos para la construcción de obras y proveer fuerzas de seguridad al Estado.
Durante estos últimos meses, se agravó la tensión en la frontera entre Haití y República Dominicana. Ya venía habiendo dificultades, particularmente por la migración haitiana y sus visados en el país vecino, pero ahora se agregó un tema más de controversia. Del lado haitiano, se retomó la construcción de un canal para utilizar el agua del río Masacre (o río Dajabón), ubicado en la frontera y perteneciente a los dos países. La construcción había empezado en 2018. En mayo de 2021, el gobierno dominicano exigió parar la obra por considerar que violaba tratados en cuanto al uso del agua del río compartido, y finalmente se detuvo en julio de ese año luego del asesinato de Jovenel Moïse. Las obras se reiniciaron en septiembre de este año y el gobierno dominicano decidió cerrar la frontera y suspender la emisión de visas a haitianos hasta que se detenga la construcción. Además, reactivó una toma de agua en el mismo río para abastecer a los productores dominicanos, lo que a su vez dificulta la toma de agua del lado haitiano.
Mientras tanto, el gobierno haitiano afirmó, por un lado, que la construcción es de sectores privados y no la está realizando el gobierno y, por otro lado, que la misma no viola acuerdos internacionales. Hubo varias reuniones durante septiembre entre funcionarios de los dos gobiernos pero no llegaron a acuerdos. Organizaciones sociales y de derechos humanos se manifestaron en contra de las medidas del gobierno dominicano hacia los haitianos y afirmaron que se estaban llevando a cabo miles de detenciones arbitrarias. Los gobiernos decidieron aceptar la mediación de la Organización de Estados Americanos (OEA) y se llegó, a principios de octubre, a un primer compromiso de abrir las fronteras solo para el comercio, de manera provisoria, con el fin de no desabastecer de alimentos a la población haitiana y de no afectar la actividad de los comerciantes de frontera dominicanos. Sin embargo, la reapertura también atravesó incidentes. Grupos de ciudadanos haitianos cavaron una zanja del lado dominicano para impedir el paso de vehículos militares dominicanos, alegando que estaban violando la frontera. Ante incidentes con los militares del país vecino, Haití volvió a cerrar el paso fronterizo, en tensión con sus propios ciudadanos que insistían en cruzar la frontera para comprar alimentos y en una ocasión, rompieron los candados con una motosierra para atravesar camiones de abastecimiento.
En República Dominicana habrá elecciones presidenciales el 19 de mayo de 2024 y en estos últimos meses se definieron los candidatos principales.
El Partido Revolucionario Moderno (PRM), al que pertenece el actual presidente Luis Abinader, celebró elecciones primarias el 1º de octubre, en las que el propio Abinader salió electo con el 91% de los votos. El actual alcalde de la ciudad de Santiago, Abel Martínez, será el candidato por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y el expresidente Leonel Fernández representará al Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS).
En septiembre, comenzó una alerta por un pico de dengue en el país y en noviembre, la coalición de Grupos Populares y Sociales de la región del Cibao, en el norte, organizó una huelga para exigir la mejora en servicios médicos, educativos, obras públicas y precios accesibles de alimentos y combustibles.
Imperialismo e integración
Celebrando a Monroe: el Comando Sur no descansa
En el marco de la disputa por el reparto de poder global, la acción diplomática de EE. UU. de cara a la región está a cargo de una variedad de agencias y funcionarios/as, en un amplio espectro que incluye instancias económicas, políticas y militares. Como hemos señalado en varias oportunidades, en los últimos meses ha sido la propia jefa del Comando Sur, Laura Richardson, quien apareció públicamente sosteniendo una intensa agenda de viajes, además de fuertes declaraciones sobre los intereses de su país en la región. En los últimos días de 2023 esta actividad mostró –involuntariamente o no– un giro en el paradigma de intervención, al ampliar la función del organismo que comanda desde lo militar a la esfera de la seguridad interior.
El 12 de diciembre Richardson visitó al presidente de Paraguay, Santiago Peña y al respecto resultó notoria la discrepancia en el carácter de la visita. Junto con cuatro fotos cargadas de sonrisas, Peña informó desde sus cuentas digitales: “Participé de una reunión bilateral con Laura Richardson, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos. Conversamos sobre los avances en los proyectos conjuntos para el fortalecimiento de la seguridad y la lucha contra el crimen organizado”. Pocas horas más tarde el presidente paraguayo reforzó la misma idea con otra publicación sobre una segunda reunión con la misma temática: “Participé de un encuentro con el Comando de Defensa Nacional y el Comando Sur de los Estados Unidos, donde conversamos sobre los trabajos en conjunto para combatir al crimen organizado en nuestro país y la región”.
En cambio, la embajada norteamericana, de intensa y pública intervención en los últimos meses, prefirió destacar como objeto de la visita a la actividad militar y su enfoque de género. “Richardson participará en eventos enfocados en la creciente contribución de las mujeres a las misiones de paz, defensa y seguridad en todo el mundo, y en conmemorar los 80 años de cooperación en materia de defensa entre los EE. UU. y Paraguay”, informó el comunicado oficial de la US Embassy en Asunción.
Sin embargo, uno de los principales medios privados de comunicación de Paraguay, el ABC Color, realizó una entrevista a Richardson durante su estadía en el país y allí la generala no solo no se mostró distante de la problemática de la seguridad, sino que ante una consulta sobre la existencia o no de una estrategia específica ante la “cuestión transfronteriza” y “el avance de grupos criminales”, explícitamente respondió que el tema es objeto central de su actividad y —según aseguró— también de los responsables militares de los demás países del continente: “Lo que hacemos es trabajar con los jefes de defensa de todos los ejércitos; realizamos ejercicios y conferencias cada año… nos reunimos y hablamos de los retos de seguridad”. Además, en la misma entrevista volvió a reconocer su preocupación por la acción de medios vinculados a Estado rivales: “Creo que Russia Today en español, Sputnik Mundo, y a veces Telesur, no practican el periodsmo de verificación. Eso debilita a las democracias… nuestros adversarios hacen horas extras para socavar el Estado de derecho, fomentar la inseguridad y la inestabilidad…”, señaló.
El caso de Paraguay es interesante porque se trata de un aliado estratégico de EE. UU., con quien ha tenido una relación de cooperación estrecha e ininterrumpida desde mediados del siglo XX. Esto presenta singular importancia en momentos de disputa global y continental y en especial luego de los cambios institucionales del presente siglo. En particular, en los últimos diez años (2013-2023), etapa en la que el tablero político muestra múltiples cambios, marchas y contramarchas, sin mucha estabilidad. En este sentido, la política estadounidense hacia Paraguay parece un paso más allá en el grado de intento de tutelaje, al menos en comparación con sus vecinos de América del Sur. Por esta razón no está de más prestar atención a los objetivos y las funciones que se atribuyen las diferentes agencias gubernamentales de la principal potencia militar, en particular el brazo del ejército asignado a América Latina y el Caribe. De cara a 2024, un tema a analizar será la agenda planteada en esta relación asimétrica, más aún ante el giro político en Argentina, que preanuncia un grado importante de subordinación a la agenda estratégica de EE. UU.
El 2 de diciembre de 2023 se cumplieron dos siglos de que el presidente James Monroe pronunció su célebre discurso, que sintetiza la aspiración de control continental como parte de su disputa como la potencia hegemónica en el orden global. En esa etapa histórica, a este intento de tutelaje inicial se le oponía un proyecto de liberación continental como el soñado por Bolívar y San Martín, entre muchos/as otros/as patriotas, en pie de guerra contra el colonialismo. Doscientos años después, la contradicción entre el proyecto imperialista y la construcción de un proyecto de emancipación sigue vigente y se expresa en múltiples iniciativas y debates. En ese sentido, hay que analizar el despliegue de los dispositivos militares, como por ejemplo el Comando Sur, en relación con un conjunto de políticas y de escenarios más amplio. Este informe da cuenta de algunos temas en los que se expresa —fragmentariamente y de diversas maneras— esa confrontación estratégica que recorre el continente.
Cumbre de la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas
Una de las principales iniciativas de EE. UU. para la región apunta a revitalizar algún foro de reunión con los países de América Latina y el Caribe. Ante la parálisis de la OEA, sumida en un gran desprestigio a partir de su abierta intervención en la política interna de los Estados miembros en el período 2015-2020 —cuyo clímax fue su participación en el golpe de Estado en Bolivia y la legitimación del gobierno surgido— y el intento de algunos países por revitalizar la CELAC —que no incluye a EE. UU. ni a Canadá—, desde su asunción la Administración Biden se propone desarrollar algún tipo de espacio que le permita participar formalmente en los debates que atraviesan a la región, en particular las discusiones de cooperación económica, campo en el que China le ha sacado varios puestos de ventaja en lo que va del siglo XXI.
El primero de estos intentos fue la fallida IX Cumbre de las Américas convocada en junio de 2022 en Los Ángeles, donde EE. UU. vetó la participación de algunos países de la región, lo que tiñó todo su desarrolló y la hizo fracasar. Sin embargo, fue en esta Cumbre de las Américas cuando Biden presentó lo que en 2023 comenzó a desplegar como uno de sus principales caballitos de batalla en la diplomacia continental: la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas (APEP, por sus siglas en inglés).
Tras un trabajo bastante silencioso, el siguiente hito fue en enero de este año, cuando se reunieron los ministros de Relaciones Exteriores de EE. UU., Canadá y diez países de América Latina y el Caribe: Costa Rica, Panamá, México, República Dominicana, Barbados, Uruguay, Chile, Perú, Ecuador y Colombia y difundieron una declaración conjunta en la que señalaron su confianza en “cosechar los beneficios de un hemisferio abierto, justo, integrador y próspero”. Finalmente, en noviembre la apuesta tomó la forma de una Cumbre presidencial en Washington en la que los mismos países, aunque en el caso de México y de Panamá no estuvieron presentes los presidentes AMLO y Laurentino Cortizo sino las cancilleres Alicia Bárcena y Janaina Tewaney, respectivamente. En la reunión, realizada en la Casa Blanca, Biden anunció “nuevas estrategias conjuntas que garantizarán la inversión de millones de dólares en proyectos sostenibles en América Latina, la formación de capital humano y soluciones migratorias”, según difundió el medio oficial Voice of Americas (VoA).
Flanqueando a Biden, en la mesa principal tuvieron un lugar destacado los presidentes de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y de Costa Rica, Rodrigo Chaves, en lo que parece una cuidada elección de afines para afrontar las relaciones con un continente que, de cara a 2024, aparece con una heterogeneidad e inestabilidad política a tener muy en cuenta, y donde la administración demócrata aspira a tener más y mejores aliados en un marco de cierta transversalidad política.
BRICS+: Argentina se baja del bloque al que todos se quieren subir
En nuestro informe #21 desarrollamos la trascendental decisión de los BRICS de ampliarse a partir del 1º de enero de 2024 con la incorporación de seis nuevos países. Allí señalamos que uno de los temas a seguir con atención en el caso de nuestro continente era la situación política en Argentina, en particular la posibilidad de un triunfo de alguna candidatura derechista (Milei o Bullrich) que rechazara el ingreso ya aprobado al bloque. Finalmente, tal posibilidad ocurrió: el ultraderechista Javier Milei ganó las elecciones presidenciales y de acuerdo a lo anunciado por su canciller, Diana Mondino, Argentina no hará efectivo el ingreso.
En su lugar, el nuevo gobierno anticipó que pedirá el ingreso a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), organismo cuyo origen remite al Plan Marshall. La OCDE reunió inicialmente a principios de la década de 1960 a EE. UU. y Canadá con dieciocho países de Europa occidental y luego se sumaron otros dieciocho países de Asia, Oceanía, Europa y América Latina, afines a la política de EE. UU. y en general, a la defensa del capitalismo liberal, con sus matices.
El pedido de ingreso, que difícilmente se haga efectivo en el corto plazo, implica de todos modos un intento del nuevo gobierno argentino por consolidar una relación estratégica con Europa, en oposición al heterogéneo conjunto de potencias que apuestan por el BRICS+ y otras iniciativas similares hacia un mundo multipolar.
Si bien el cambio radical en la decisión de Argentina es una noticia negativa para los BRICS+ —y en particular para Lula da Silva, el gran impulsor de la invitación al país sudamericano—, las bases generales del proceso de articulación por fuera de la órbita de EE. UU. se mantienen firmes.
A mediados de octubre se realizó en Beijing el III Foro para la Cooperación Internacional de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI, por sus siglas en inglés), a diez años de su lanzamiento. En el encuentro participaron veinticuatro jefes y jefas de Estado y representantes de otro centenar de países vinculados a la iniciativa china.
Por su parte, como ya mencionamos, el primer día de enero de 2024 se hará efectiva la ampliación del BRICS con la incorporación de los otros cinco países invitados en la cumbre de Johannesburgo: Arabia Saudí, EAU, Irán, Etiopía y Egipto. El evidente poderío energético del bloque podría ampliarse con otras incorporaciones. Entre ellas cabe incluir la posibilidad del ingreso de Venezuela, que en noviembre recibió el respaldo explícito del canciller de Rusia, Sergei Lavrov.
Mercosur, entre sus propias tensiones y el debate por la firma del TLC con la Unión Europea
A principios de diciembre se realizó en Río de Janeiro la XIII Cumbre del Mercosur, con la participación de los presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Una de las novedades más importantes de la reunión es la incorporación de Bolivia, tras más de ocho años de espera. La otra noticia fue la firma de un Tratado de Libre Comercio con Singapur, el primero con un país de la región conocida como “Asia Pacífico”. A su vez, en el encuentro volvieron a aparecer fuertes discrepancias entre los miembros fundadores, a partir de la pretensión de Uruguay de negociar un TLC con China de manera unilateral lo antes posible, lo cual choca con el interés de Brasil, Paraguay y hasta ahora Argentina por avanzar en un TLC con China pero como bloque unificado.
Otro de los temas de tensión entre los países que integran el Mercosur se desarrolló especialmente en el último cuatrimestre de 2024 y tiene que ver con la utilización del sistema del Paraná, el segundo más grande sistema fluvial de América del Sur. A partir del “Acuerdo de Transporte Fluvial de la Hidrovía”, firmado en 1992 por Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil y Bolivia para la administración de la navegación, el sistema fluvial comenzó a llamarse habitualmente “Hidrovía Paraguay Paraná”. Actualmente, la “hidrovía” es una de las arterias principales para el comercio exterior en América del Sur, clave en particular para Paraguay y para Argentina.
En el segundo semestre de 2022 el gobierno argentino decidió comenzar a cobrar un peaje por el tránsito en el río a partir del primer día de 2023, bajo el argumento de que el costo de las tareas de mantenimiento de la navegabilidad —dragado y balizamiento— recae sobre su país desde 2010. La medida causó especial malestar en Paraguay, ya que una gran parte de las embarcaciones que transitan por el río son de bandera paraguaya. Este país posee la tercera flota fluvial del mundo y la mayor de América del Sur, con unas tres mil quinientas embarcaciones. Mientras crecían las tensiones, Paraguay recibió el apoyo explícito de los demás países firmantes ―Brasil, Uruguay y Bolivia―, quienes también rechazaron la imposición unilateral del peaje.
En agosto, el ministro de Economía argentino, Sergio Massa, visitó Asunción y –de acuerdo al gobierno paraguayo– se comprometió a rever la medida de cobro del peaje, lo que fue desmentido luego por el gobierno argentino, en un ida y vuelta de declaraciones que fueron subiendo de tono. Los ánimos se crisparon todavía más en septiembre, con la detención de barcazas que se negaron a pagar el peaje. Luego, el conflicto siguió escalando cuando Paraguay anunció que dejaba de ceder a Argentina su excedente energético en la central eléctrica de Yacyretá, que comparten ambos países; y más tarde con la retención en Argentina de camiones que transportaban gas hacia Paraguay, todo condimentado con intensos cruces dialécticos.
Finalmente, a fines de septiembre se anunció un acuerdo provisorio: sin renunciar cada parte a su posición, por sesenta días se suspendió el cobro de peaje. Hacia fin de año, el conflicto se encuentra irresuelto pero el cambio de gobierno en Argentina despierta en Paraguay expectativas por un escenario más favorable para sus pretensiones. En ocasión de su visita a Argentina para la asunción del presidente Javier Milei, su par de Paraguay Santiago Peña conversó del tema con la canciller argentina Diana Mondino y señaló que su interés apunta a un debate de alto nivel para trabajar en una “propuesta superadora” que aumente la navegación comercial en el río Paraná. Mientras tanto, en Argentina comienza a hablarse de la posibilidad de una eventual (re)privatización de la hidrovía, a partir del nuevo gobierno.
Por otro lado, el Mercosur sostiene en este fin de año encendidas discusiones con representantes de la Unión Europea. La intención de ambas partes es concluir el TLC UE Mercosur anunciado en 2019, pero subsisten diferencias importantes, sobre todo a partir de nuevas regulaciones ambientales promovidas por los países europeos, que buscan proteger a sus agricultores en lo que interpretan se trata de su principal desventaja competitiva frente al agro sudamericano. Estas diferencias llevaron incluso a que el presidente de Paraguay advierta con la posibilidad de dar por concluido el acuerdo.
Por último, un elemento de incertidumbre en el Mercosur, que cumple ya 32 años, es el cambio de gobierno en Argentina. El nuevo presidente ha criticado duramente el bloque y aunque en principio pareciera haber moderado su posición, son muchas las interrogantes en relación con la coordinación de políticas económicas entre los socios de cara al futuro próximo. En el próximo semestre será el mandatario de Paraguay Santiago Peña quien tenga la presidencia pro tempore del bloque.
Guyana – Venezuela y la disputa por el Esequibo
Otro de los temas que viene generando tensiones entre países de la región es el conflicto territorial entre Venezuela y Guyana por la región del Esequibo, debido a las licitaciones por parte de Guyana para que empresas extranjeras exploten las áreas petrolíferas que corresponden a esa porción de tierra entre los dos países.
La disputa se remonta al Laudo Arbitral de París de 1899, momento en el cual Guyana todavía estaba bajo mandato británico. Venezuela reclama no haber tenido participación en el mismo y alega que fue un proceso fraudulento.
La disputa siguió y en 1966 se firmó el Acuerdo de Ginebra, que estableció la creación de una Comisión Mixta para la búsqueda de soluciones a través del diálogo pacífico. En ella, se dejaba asentado el rechazo de Venezuela al Laudo de 1899 y se reconocía que el conflicto no estaba cerrado. Por la parte de Guyana, el mismo fue firmado por el primer ministro guyanés y por un representante del Reino Unido, ya que Guyana estaba próxima a independizarse.
Hasta 2015, continuaron los diálogos y negociaciones sin llegar a acuerdos. En ese año, se descubrieron yacimientos de petróleo en las costas del Esequibo y se volvió a poner el tema en cuestión.
A fines de 2022, Guyana abrió la primera ronda de licitaciones para explotar algunos de los yacimientos, a lo que Venezuela se opuso, alegando que se estaba violando el Acuerdo de Ginebra y que por lo tanto esas rondas son ilegales por tratarse de áreas marítimas pendientes de delimitación.
Es necesario aclarar en este punto cuáles son los apoyos que tiene Guyana. En primer lugar, la empresa ExxonMobil es la que viene explotando esos recursos, con un nivel de impuestos casi nulo por parte del gobierno guyanés. Es por eso que ni las empresas ni los gobiernos alineados con la OTAN que están apoyando a Guyana en este reclamo tienen interés de que sea puesto a discusión, dado que de tener que explotarlos con acuerdo del gobierno bolivariano, pagarían más impuestos.
Existe un proceso en curso en la Corte Internacional de Justicia de la Haya, que ha fallado a favor de Guyana y que Venezuela desconoce, alegando que el fallo no cumple con el Acuerdo de Ginebra. Tanto el gobierno estadounidense como Luis Almagro apoyan la postura de Guyana en el litigio.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se propuso como mediador, a la vez que envió tropas a su frontera norte.
Finalmente, se produjo una reunión entre los presidentes de los dos países en San Vicente y las Granadinas, con presencia de la Comunidad del Caribe (Caricom) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). Si bien aún no se llegó a un acuerdo, se coincidió en que la resolución debe ser pacífica y deben bajar el nivel de tensión entre los países.
Encuentros al interior del campo popular
En momentos de grandes cambios e incertidumbres, se multiplican los espacios de debate en y entre las diferentes organizaciones y proyectos populares de todo el continente. Por razones de espacio aquí destacaremos apenas cinco, con intenciones de graficar la enorme diversidad y riqueza que atraviesa el campo popular, aún en una coyuntura de muchas dificultades para los proyectos interesados en construir unidad e integración continental.
La primera actividad tiene que ver con el cumpleaños número 10 de Nodal, un proyecto de noticias de América Latina y el Caribe que en esta década se ha convertido en un espacio comunicacional muy valioso, clave para acceder a un panorama de lo que sucede en Nuestra América y a partir de allí contribuir al conocimiento, al reconocimiento y a la construcción de vínculos entre los pueblos, diversos pero con tanto en común. Con motivo de esta celebración, Nodal organizó en septiembre el I Encuentro Internacional “Comunicación, política y poder en el siglo XXI”. El evento contó con varias actividades culturales y de debate, que fueron registradas por el propio proyecto de comunicación y están disponibles en su sitio web.
La segunda actividad que destacamos es el Encuentro Dilemas de la Humanidad, cuyo capítulo de América Latina y el Caribe se realizó en Santiago de Chile a principios de septiembre, como momento previo a la realización del Encuentro global, realizado en Johannesburgo en octubre. Allí, líderes políticos, activistas e intelectuales de todo el mundo participaron, generaron reflexiones y crearon una plataforma para la acción, con el fin de superar los principales retos que enfrenta la humanidad, entre ellos la organización de la clase trabajadora, la defensa de la vida y de la naturaleza, la construcción de sistemas realmente democráticos y el respeto a la soberanía.
La tercera es el 15° Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe (EFLAC), que se realizó a fines de noviembre en El Salvador, en el que participaron más de 1600 personas de 29 países. “Con el legado de las ancestras pusimos en palabras las tensiones que nos habitan y acordamos acciones para la soberanía sobre nuestros cuerpos y territorios mientras resistimos y proyectamos un mundo transfeminista”, sostiene la declaración final del encuentro, que en otro párrafo exige “que los Estados reconozcan el derecho a la justicia reproductiva, que garantice el derecho al aborto y a la maternidad, pues junto a la prohibición del aborto coexiste una mirada racista del derecho a gestar, parir y criar con dignidad, en particular a las mujeres negras, indígenas y migrantes”.
A su vez, entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre se desarrolló en Caracas el Foro Internacional Antiimperialista Bolivarianismo vs. Monroísmo, a 200 años de la Doctrina Monroe, en el que participaron funcionarios, intelectuales y militantes de diferentes países del continente. “Las confrontaciones no han terminado todavía. Es la lucha entre un pueblo tratando de ser libre y otro pueblo tratando de dominarlo”, señaló Carlos Ron, viceministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, y presidente del Instituto Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad entre los Pueblos (ISB).
Por último, para fines de febrero de 2024 fue reprogramada la Conferencia por la Integración de América Latina y el Caribe a realizarse en Foz de Iguazú. La actividad, que originalmente estaba prevista para diciembre, fue presentada por los ex presidentes de Uruguay, Pepe Mujica, y de Colombia, Ernesto Samper, junto a movimientos sindicales y sociales como ALBA Movimientos y la Confederación Sindical de las Américas. La convocatoria plantea la “defensa de la democracia, soberanía, los derechos de los pueblos, el antimperialismo, anticolonialismo, el respeto a la diversidad, el antirracismo, el feminismo popular y la lucha por la paz”, en un contexto que las organizaciones convocantes describen como “sumamente complejo para la región y el mundo”.
En perspectiva
El cierre del 2023 nos muestra un escenario atravesado por la inestabilidad política en América Latina y el Caribe. Las marchas y contramarchas, victorias y derrotas, integración y desunión, estabilidad precaria y crisis caracterizaron a un continente en permanente movimiento, donde las izquierdas y progresismos buscan asentarse y las extremas derechas parecen ganar terreno en contextos de crisis social y puja distributiva. El año termina con no pocas incertidumbres, entre ellas la situación política en Argentina y en Guatemala, por mencionar dos de los procesos más intensos de los últimos meses.
El 2024 será sin dudas un año donde se intensificarán muchos de los conflictos que fueron analizados en el informe. Habrá que prestar atención a la dinámica que la propia lucha de clases vaya configurando, en una región del mundo que se encuentra en plena disputa, como expresión de sus particularidades históricas y también como expresión no mecánica de conflictividades que trascienden a cada país porque forman parte del conflicto geopolítico a escala global.
